Desde que el anteproyecto de la Ley de Bienestar Animal fue publicado, incluso antes de su aprobación en las Cortes, uno de los aspectos más polémicos y preocupantes fue el relacionado con la eutanasia de los animales de compañía.
En el artículo 27 de dicha ley, 'Prohibiciones específicas respecto de los animales de compañía', el texto recoge que "la eutanasia solamente estará justificada bajo criterio y control veterinario con el único fin de evitar el sufrimiento por causas no recuperables que comprometa seriamente la calidad de vida del animal y que como tal ha de ser acreditado y certificado por profesional veterinario colegiado".
Sin embargo, la interpretación literal de este artículo dificultaba que los profesionales de salud animal tomaran la decisión de practicar la eutanasia o muerte digna por razones comunes, como la falta de recursos económicos de los titulares de las mascotas para afrontar tratamientos o intervenciones que superen sus posibilidades financieras.
Durante 2022, el Consejo General de Colegios Veterinarios afirmaba en sus comunicados que la ley, tal como estaba redactada, podía llevar a que algunos animales sobrevivieran en condiciones cercanas al maltrato. Esto ocurriría si sus cuidadores no podían asumir un tratamiento específico y, al mismo tiempo, los veterinarios no podían proponer la eutanasia ya que, técnicamente, sí existe un tratamiento.
Sin embargo, esta situación ha experimentado un cambio. La Dirección General de Derechos de los Animales ha aprobado una propuesta presentada por la Organización Colegial Veterinaria (OCV). La OCV ha desarrollado un modelo de certificado para justificar los procedimientos de eutanasia, que contempla dos posibilidades:
- Causa no recuperable que compromete seriamente su calidad de vida. En esta opción, el veterinario debe hacer constar por escrito que “el animal sufre una enfermedad con ausencia de tratamiento que posibilite su supervivencia con una adecuada calidad de vida y en contra de la dignidad necesaria en nuestra convivencia con los seres sintientes”
- El animal sufre una enfermedad con posibilidad de tratamiento desde un punto de vista sanitario, pero sin que los dueños tengan posibilidad de acceder a ello, de tal forma que comprometa seriamente su calidad de vida y que aboque al animal a un sufrimiento prolongado en el tiempo.
En el segundo escenario, previamente no considerado por la Ley, la OCV recalca que el veterinario debe especificar por escrito que "el animal presenta una patología que afecta gravemente su calidad de vida, debido a la falta de recursos necesarios (económicos, dificultades de manejo, incapacidad física del dueño para satisfacer las necesidades del animal, distancias geográficas que dificultan tratamientos crónicos, etc.), impidiendo su control por parte del dueño y llevando al animal a un sufrimiento prolongado que no se alinea con la dignidad que se debe garantizar en nuestra convivencia con cualquier ser sintiente".
La Dirección General de Derechos de los Animales ha reconocido que la propuesta del certificado de eutanasia de la OCV "cumple con lo establecido en el artículo y es apropiada tanto para el procedimiento de certificación como para el contenido de los certificados".
La OCV confía en que el certificado de eutanasia se incluya en el desarrollo reglamentario de la Ley de Bienestar Animal, que está actualmente a la espera mientras se completa el proceso de formación de un nuevo Gobierno.
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