Igualdad plantea un VioGén europeo para compartir los antecedentes penales por violencia machista al expedir visados

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez; la ministra de Igualdad, Irene Montero; y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell durante el sexto comité de crisis contra la violencia de género.
La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez; la ministra de Igualdad, Irene Montero; y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell durante el sexto comité de crisis contra la violencia de género.
Ministerio de Igualdad
La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez; la ministra de Igualdad, Irene Montero; y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell durante el sexto comité de crisis contra la violencia de género.

El Ministerio de Igualdad ha propuesto este miércoles impulsar un VioGén europeo, esto es, un sistema de seguimiento policial de las mujeres víctimas de violencia de género que aglutine datos de violencia machista de todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), o "al menos" del espacio Schengen. Es una de las medidas planteadas por el departamento de Irene Montero a las comunidades en el comité de crisis convocado para analizar el repunte de feminicidios de septiembre, cuando diez mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. El objetivo es recopilar información concreta, "en particular los antecedentes penales", según detalla Igualdad, "para visados de turismo, comenzando con las estancias de larga duración".

La iniciativa surge a raíz del caso de un hombre noruego de 82 años que asesinó el mes pasado a su mujer, de 76 años y nacionalidad británica, en una localidad de Alicante. El agresor tenía antecedentes penales por violencia de género en su país de origen, lo que ha llevado a pensar a Igualdad en la posibilidad de establecer un "VioGén europeo" para extender la información y la protección más allá de a ciudadanía española, y tener en cuenta los antecedentes por violencia machista a la hora de expedir visados de turistas de residentes de mayor duración.

El de este miércoles ha sido el sexto comité de crisis convocado por igualdad desde que activaron esta medida por primera vez el diciembre pasado (el quinto del año). En esta última reunión extraordinaria se han propuesto también otras medidas para fortalecer la protección de las víctimas, tales como garantizar una formación de detección de la violencia machista a los turnos de oficio de abogacía en materia de derecho de familia (separaciones, divorcios, etc.) y al personal de los juzgados. "La mayor parte de las víctimas trata de salir de la violencia a través de la separación, y no de la denuncia", argumentan en el ministerio.

En esa línea sugieren "poner en marcha" la formación sobre violencia de género también en los centros de atención primaria y salud mental, así como implementar la reforma que se hizo con la ley de garantía integral de la libertad sexual —la del 'solo sí es sí'—, para prever servicios de salud mental en los propios hospitales.

Ambas medidas, según ha sentenciado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ya están aprobadas por el Ejecutivo, pero todavía quedan pendientes de activar por muchas administraciones. Por eso Rodríguez ha exigido un "cambio de actitud" de las instituciones para que pongan en marcha aquellas políticas ya impulsadas hace tiempo para hacer frente a la violencia de género. "Pedimos un ejercicio de responsabilidad social a todos los poderes públicos y a la ciudadanía", ha aseverado en la rueda de prensa posterior a la reunión. "Hay que tomarse en serio lo que dice el BOE", ha añadido después.

La cuarta medida propuesta a las consejeras del ramo —y que en todo caso tendrá que ser ratificada, como las demás, en la Conferencia Sectorial que se celebrará este jueves— consiste en "difundir" la existencia de ATENPRO (el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género)  atoda la ciudadanía y "facilitar su uso en casos en los que la víctima acuda a "instancias judiciales y otros servicios especializados", así como de las víctimas extranjeras o del ámbito rural.

Acabar con el negacionismo y el "silencio cómplice"

Como en las demás ocasiones, el comité de crisis —conformado por miembros de Interior, Justicia, Fiscalía, Consejo del Poder Judicial, comunidades y Sanidad, por primera vez— se ha reunido este miércoles por la mañana para analizar las lagunas del sistema a la hora de proteger a las víctimas mortales de violencia de género. Diez en el pasado mes, que es ya el segundo septiembre más fatídico de toda la serie histórica, por detrás del de 2018, cuando también una decena de mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas.

"Este ha sido uno de los peores meses para la violencia machista en nuestro país desde que existen recuentos", ha lamentado la número dos de Irene Montero, quien también ha urgido a romper con "el silencio cómplice de los agresores". "Creemos que abandonar el negacionismo es fundamental para salvar vidas. Es preocupante que hayamos tenido tanto tiempo una conversación en este país sobre si la violencia existe o no, cuando la conversación debería ser sobre cómo llegar a tiempo, ha espetado. La única forma de salvar a una mujer, ha añadido, es "darnos cuenta de la violencia que está sufriendo". 

"Este ha sido uno de los peores meses para la violencia machista en nuestro país desde que existen recuentos"

Ante tal contexto de urgencia, Rodríguez ha subrayado la necesidad de priorizar una "detección proactiva" de los casos de violencia de género, para prevenir su expresión más grave, el asesinato. "No basta con la detección precoz", ha aseverado la secretaria de Estado. Según Rodríguez, la atención de la violencia machista no tiene que ver únicamente con los servicios especializados con el tema, sino que también es esencial la participación de todos los ámbitos del Estado, tales como el educativo, el sanitario, los servicios de emergencia, de ayuda a domicilio, de atención a personas con discapacidad o en situación de dependencia, o los sistemas de salud mental y atención primaria. 

"No es aceptable que haya asesinadas que llevan décadas asistiendo a los sistemas de salud mental. Ahí está fallando la detección", ha asegurado, antes de pedir también la colaboración del entorno de las víctimas, pues en muchos de los últimos feminicidios, "los vecinos sabían lo que estaba pasando". 

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