Uno de los principales problemas a los que se enfrenta un propietario de vivienda, es que su arrendatario deja de pagar el alquiler, una situación en la que se han visto muchas personas y que puede dar lugar a decisiones drásticas que, sin embargo, pueden suponer un paso en falso.
Una de esas decisiones es cambiar la cerradura, algo que puede parecer legítimo para el propietario, pero sin embargo, está tipificado como delito en el Código Penal.
Según recoge el portal de vivienda Idealista, el artículo 172 del Código Penal define esta situación, "impedir a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto".
Esto está tipificado como un delito de coacciones, que supone multas de 12 a 24 meses o incluso de 6 meses a 3 años de cárcel en los casos más graves.
Los expertos recomiendan que el único método legal es intentar solucionar la situación con el inquilino o presentar una demanda en los juzgados y seguir los pasos y plazos de la ley, que comenzarían con un juicio y en última instancia con un desahucio.
Idealista informa que el tiempo para conseguir echar a un inquilino que no paga en España depende de la cantidad de trabajo del juzgado en el que se interponga la demanda. La media se sitúa este año en los 8 meses.
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