A estas alturas de la película, la historia de Rosa Peral se conoce en todos los rincones del país. El estreno de 'El cuerpo en llamas', una serie de Netflix sobre el crimen de la Guardia Urbana, protagonizada por Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez, y el documental 'Las cintas de Rosa', que ha estrenado junto con ella la plataforma, han llevado el caso a todos los hogares de España, de nuevo.
Tampoco Rosa ha querido perderse el alboroto y, saltándose la prohibición que se le había impuesto, ha concedido una entrevista a 'El Matí de Catalunya Radio' donde ha contado cómo está viviendo este revuelo mediático tras el estreno de la serie y cómo es su vida en la cárcel.
Eso sí, la prisión de Mas Enric de El Catllar, ha restringido sus visitas presenciales durante un mes, y solo podrá verse con sus familiares de primer y segundo grado y relaciones afines.
Un sueldo con el que puede estudiar en la cárcel
Rosa está estudiando una carrera en la cárcel para poder rehacer su vida cuando termine su condena -que tiene una duración de 25 años-, y para ello, trabaja dentro de la cárcel. "Estoy estudiando derecho por si en algún momento salgo de aquí y vuelvo a tener una vida. Trabajar es lo que me permite estudiar y demás. Los salarios de aquí no son descomunales. Cobramos 118 euros al mes, de los cuales pagamos un 20% de responsabilidad civil. La forma de vivir aquí no es una vida relajada", ha contado en la entrevista con la radio catalana.
No ha cobrado nada por la serie ni el documental
La condenada se ha quejado, durante su llamada con el periodista Ricard Ustrell, de no haber cobrado nada por ninguno de los dos proyectos que ha estrenado Netflix, "No he cobrado nada ni por el documental ni por la serie.
De hecho, Rosa trató de paralizar el estreno de la serie, apelando a su derecho al honor, pero no lo consiguió, por lo que, sus planes de poder cobrar los derechos de imagen y mejorar su situación económica, fracasaron.
Es más, la Audiencia de Barcelona ha acordado embargar los posibles pagos que haga Netflix a los condenados por el crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral y Albert López, para dedicarlos a sufragar las indemnizaciones que la sentencia fijó para los familiares de la víctima, Pedro R.
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