En las últimas semanas, se han encendido las alarmas sobre la salud de la depuesta líder birmana y premio Nobel de la Paz en 1991 Aung San Suu Kyi, de 78 años y que cumple una condena de 27 años de prisión impuestos en un opaco proceso judicial tras el golpe de Estado militar de 2021.

Ha sido su hijo, Kim Aris quien alertó este miércoles sobre el deterioro de la salud de su madre, que sufre episodios de mareos y vómitos y no puede alimentarse con normalidad por una enfermedad de las encías. 

"Hasta donde sé, mi madre no puede comer por una enfermedad de las encías y quizá también por problemas con su muela del juicio. Además, ha sufrido episodios de vómitos y mareos y no podía andar en un momento dado", dijo Aris en inglés al medio birmano Khit Thit.

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Asimismo, el propio Aris denunció hace dos semanas en declaraciones a la cadena británica BBC que su madre necesitaba tratamiento médico por sus problemas de encías y que la junta militar en el poder se lo denegaba. Con esto, afirmó que imagina que las condiciones en que las que está encarcelada su madre "están lejos de ser ideales" y recordó que las condiciones en las prisiones birmanas son "horribles". "Lo que ocurre en Birmania es horripilante, demasiados presos mueren en la cárcel", dijo.

En este sentido, denunció el régimen de aislamiento al que está sometida su madre, al contrario que durante anteriores arrestos domiciliarios, en el que podía recibir visitas y tenía acceso a su médico personal. "Ahora nadie puede comunicarse con ella. No le permiten mezclarse con otros presos", lamentó.

En julio, fuentes cercanas a la exmandataria señalaron que la junta planeaba transferirla de la cárcel al arresto domiciliario, pero se desconoce dónde se encuentra ahora.

Condenada a 33 años de cárcel

Suu Kyi, que llegó al poder en 2016, fue detenida el mismo día en el que los militares, liderados por el general Min Aung Hlaing, tomaron el poder en un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021 y desde entonces solo ha sido vista una vez durante una vista judicial, mientras que la junta ha prohibido a sus abogados hablar con la prensa.

En los siguientes dos años se enfrentó a una retahíla de acusaciones por los que fue condenada a un total de 33 años de cárcel en un proceso judicial en medio de secretismo, aunque el mes pasado le redujeron la pena a 27 años.

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El golpe de Estado, que puso fin a una década de transición democrática, ha sumido a Birmania (Myanmar) en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas, con nuevos grupos armados formados tras el levantamiento.

Según el último recuento de la Asociación para la Asistencia de los Prisioneros Políticos (AAPP), una oenegé local, 19.238 prisioneros políticos continúan detenidos y 4.092 personas han fallecido en manos de las fuerzas armadas desde la asonada.