A Sumar no le "gusta" la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra —con el voto particular contrario de una de sus magistradas— de rebajar de 15 a 14 años de prisión la condena a Ángel Boza, uno de los miembros de 'La Manada' condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016, en aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Pero ni el partido ni su líder, Yolanda Díaz, aclararon este martes si consideran que la causa de esta rebaja es de una interpretación errónea de la norma por parte del tribunal o un mal diseño del texto legal, que permite tanto mantener la condena como rebajarla. Y Díaz, de hecho, evitó durante todo el día ofrecer su opinión al respecto.

La única voz autorizada de Sumar que quiso valorar la decisión judicial, a preguntas de los periodistas, fue la portavoz parlamentaria de la coalición, Marta Lois, que se limitó a señalar que su formación "lamenta la decisión del tribunal". "No nos gusta", señaló Lois, que sin embargo no quiso pronunciarse sobre cuál es el problema concreto que ha llevado a tomar esa decisión ni sobre si la ministra de Igualdad, Irene Montero, debería presentar su dimisión, como le han pedido formaciones como el PP. "No vamos a entrar en consideraciones sobre la ministra", se limitó a responder la portavoz de Sumar sobre Montero.

El silencio de Sumar se explica por la pésima relación que mantiene Díaz con Montero después del veto impuesto por la vicepresidenta a la número dos de Podemos, a la que impidió ir en las listas electorales del pasado 23 de julio, así como por la posición ambivalente que ha mantenido Sumar desde su creación con respecto a la ley del 'solo sí es sí'. Frente a un Ministerio de Igualdad que siempre ha defendido que la norma es correcta en su parte penal, pero que no está siendo bien aplicada por parte de algunos jueces al reducir la condena de algunos reos, la cúpula de Sumar lleva meses planteando que se cometieron "errores" en la tramitación de la ley, aunque también ha criticado que el PSOE pactara con el PP su corrección.

Irene Montero lamenta la rebaja de condena al miembro de 'La Manada': "Es una decisión muy dolorosa, especialmente para la víctima"

De ahí que Díaz no haya querido pronunciarse ante un asunto en el que Sumar tiene poco que ganar. Haber criticado la sentencia judicial, además de suponer un reproche del poder ejecutivo al judicial, hubiera supuesto que la vicepresidenta se pusiera indirectamente del lado de Montero y su Ministerio de Igualdad, que calificaron como "muy dolorosa" la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y aseguraron que supone "cuestionar de nuevo la gravedad de la violación" cometida en el año 2016.

De hecho, al contrario que Díaz y sus dirigentes más cercanos, Igualdad ha sido muy crítico con la decisión judicial. En su cuenta de Twitter, Montero insistió en que "cuestionar de nuevo la gravedad de la violación no responde al mandato de la ley del 'solo sí es sí', tal y como argumenta el voto particular de la magistrada" que no ha coincidido en su valoración con sus dos compañeros jueces, dos varones, que han firmado la reducción de la condena. "También la Fiscalía, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona se oponen a la rebaja, así como la Audiencia Provincial", señaló la ministra.

Palabras incluso más duras utilizó la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que se declaró "consternada" por el auto judicial y recordó que la decisión de rebajar la condena es recurrible ante el Tribunal Supremo. "Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra [la instancia que revisó y desestimó el recurso antes de que el Tribunal Superior lo aceptara este martes] rechazaron la rebaja porque la pena de 15 años sigue en la ley", recordó Rosell, que insistió en que, con la actual norma, "cabe" mantener la condena impuesta inicialmente ante la "gravedad" de los hechos.

El mínimo legal, clave

A grandes rasgos, la reducción de la condena de Boza aprobada este martes se basa en una reinterpretación judicial de la sentencia del Tribunal Supremo. En su auto, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra sostiene que la pena debe rebajarse porque el Supremo señaló en su sentencia que la condena de 15 años que impuso a Boza era "próxima" o "cercana" al mínimo legal. Al haber rebajado "sensiblemente" la ley del solo sí es sí las penas mínimas, que no las máximas, la interpretación de los dos jueces es que la condena también debe bajar para aproximarse a esos nuevos mínimos.

"Los 15 años de prisión impuestos quedan dos años por encima del mínimo posible", razona en este sentido la sentencia, que admite que haber mantenido esa condena estaría "dentro del arco penológico posible". No obstante, esos dos magistrados —contra el criterio de la tercera integrante del tribunal, la firmante del voto particular— aseguran que, esa pena inicial "ya no cumple el parámetro fijado por el Tribunal Supremo en su sentencia cuando calificaba la pena impuesta como 'muy próxima al mínimo legal', o como 'pena superior al mínimo legalmente previsto, aunque muy cercana al mismo'".