El primer pleno del Consell tras las vacaciones de verano ha aprobado este martes en Castellón el anteproyecto de ley que recoge una de las principales promesas electorales del presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, también incluida en el pacto programático con Vox: la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones o, como lo llama Mazón, "el impuesto a la muerte". En concreto, se trata de la bonificación al 99% de este tributo transferido a la Comunitat Valenciana, lo que supondrá que la Generalitat deje de recaudar casi 400 millones de euros anuales (algo más del 1% de su presupuesto). Su vigencia será desde el 28 de mayo de 2023, es decir, será efectivo para aquellas herencias y donaciones entre familiares cercanos (descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes) que se hayan devengado tras las elecciones autonómicas.

El jefe del Consell ha manifestado que con esta medida "se evitan injusticias, dobles imposiciones y se adquiere un compromiso fiscal, histórico y, sobre todo, moral". Además, ha añadido que con esta decisión se agradece "pero no se grava" el esfuerzo de "nuestros padres y abuelos, que nos han entregado lo mejor de su historia para que lo podamos disfrutar, lo aceptemos con responsabilidad y para que esa herencia, con absoluta libertad, la hagamos más merecedora de la siguiente generación".

En este sentido, la portavoz del Consell y responsable de Hacienda, Ruth Merino, ha rechazado que los ciudadanos de la Comunitat "tengan que seguir pagando impuestos en un momento tan complicado como la muerte de un familiar y pagar por duplicado, por hacerse cargo de bienes que de los que sus familiares ya han pagado impuestos durante toda su vida". Según la Generalitat, hasta ahora, alrededor de 5.000 personas "tenían que renunciar a sus herencias por no poderse hacer cargo de ese impuesto" cada año.

La medida, aunque esperada, ha desatado críticas y elogios entre sectores políticos y empresariales. En el primer caso, desde la oposición, el PSPV y Compromís han cargado contra Mazón, a quien acusan de "no gobernar para la mayoría" al suprimir el impuesto de sucesiones, al tiempo que han augurado que habrá "recortes" al dejar de ingresar las arcas públicas unos 400 millones.

Desde la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), su presidente, Salvador Navarro, ha dicho que esta medida "aligera la carga tributaria de los ciudadanos, que podrán dedicar parte de estos recursos a la inversión y al emprendimiento". Según la entidad, la rebaja fiscal va "en la dirección correcta" y pide extenderla a miembros de tercer grado dentro de la empresa familiar y a "empleados clave".

El colectivo de autónomos ATA ha celebrado la supresión del "muy injusto" tributo: "Beneficia a todos los valencianos y a los autónomos en particular", según su presidente en la Comunitat, Alberto Ara.

El Ejecutivo de Mazón exige igualdad para el valenciano

El Ejecutivo autonómico ha aprobado también una declaración institucional en la que exige que el valenciano tenga el mismo estatus de oficialidad que el resto de las lenguas cooficiales del Estado. El texto, que ha sido remitido al presidente del Gobierno y de turno del Consejo de la Unión Europea, Pedro Sánchez, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, es un requerimiento "con el fin de que se respete nuestra historia y nuestra cultura y lengua centenarias, como parte esencial de la plural riqueza de España", ha subrayado la portavoz, Ruth Merino. Del mismo modo, la Generalitat ha enviado una petición al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, instándole a que, "ante cualquier petición que nos afecte, se respete el valenciano", según reclama.

La declaración responde a la decisión de la presidenta del Congreso del pasado 17 de agosto por la que se permitirá el uso de las lenguas cooficiales en la "sede de la soberanía nacional" sin incluir al valenciano de forma específica, que está reconocido, igual que el castellano, en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y por el artículo 3 de la Constitución. El texto suscrito por el Consell destaca que no permitirá "ni un ataque más" a la lengua propia, ni que sea utilizada como "moneda de cambio para los que quieren romper España".

Merino ha señalado que ve "extraño" que exista una "necesidad imperiosa" de que en el Congreso de los Diputados "se tenga que hablar en lenguas cooficiales".