Pedro Sánchez y Yolanda Díaz persiguen, a priori por separado, un objetivo común: reeditar el Gobierno de coalición gracias al apoyo de Junts y ERC. Tanto el PSOE como Sumar dan por descontado que Alberto Núñez Feijóo fracasará en su intento de ser investido presidente. Es más, desde que el rey propuso al candidato, las dos formaciones han vertido sus críticas sobre Feijóo por aceptar el encargo del jefe del Estado. "Nos está haciendo perder el tiempo a los españoles", reiteran los de Díaz. "Someter al país a un tiempo estéril por intereses partidistas no es responsable", reprochó por su parte Pedro Sánchez este lunes. 

Sin embargo, los 21 días restantes para la investidura de Feijóo serán un tiempo preciadísimo para que los partidos de la coalición articulen un pacto con Carles Puigdemont, que revelará las condiciones de su apoyo este mismo martes, según comunicó la semana pasada a través de la red social anteriormente conocida como Twitter. 

Hasta el momento, el mayor hito (público) en las conversaciones -hasta donde se sabe, el líder fugado prefiere hablar de "diálogo" que de "negociación"- tuvo lugar el lunes, a cientos de kilómetros del estrado en el que Pedro Sánchez hablaba de "dejar realmente atrás la fractura que vivimos en 2017". 

Mientras el presidente en funciones alababa la gestión de su Gobierno respecto al contencioso catalán, la vicepresidenta y ministra de trabajo volaba hacia Bruselas, donde se citaría con Carles Puigdemont. Tras casi tres horas sentada frente al líder independentista, Yolanda Díaz salió "optimista" de una reunión que Sumar y Junts acordaron calificar de "fructífera". 

A través de un comunicado conjunto, las formaciones aseguraron que comparten "la profunda convicción de que la política debe hacerse desde el diálogo y los principios democráticos". "En este sentido, estamos de acuerdo en explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político", rezaba el breve texto difundido tras el encuentro, que se podría calificar de histórico -desde 2017, ningún miembro del Gobierno de España se había reunido con el prófugo-. 

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El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, reaccionó el martes a la reunión aseverando que Díaz actuaba "como líder de Sumar" y no como parte del Ejecutivo. Su actuación no tuvo "nada que ver" con el PSOE, afirmó el ministro, si bien elogió el "cambio sustancial" que había tenido lugar en el conflicto catalán a raíz de la llegada de Sánchez a la Moncloa. 

Si los de Sumar conducen las negociaciones para la investidura con gran discreción, en Ferraz la cautela es absoluta. Tras el tanto que supuso el nombramiento de la socialista Francina Armengol como presidenta de la Mesa del Congreso -una victoria in extremis facilitada por el apoyo de ERC y Junts-, Pedro Sánchez está seguro de que permanecerá como inquilino en la Moncloa. "El acuerdo se puede, se debe y se va a alcanzar", apuntó el lunes desde el Ateneo de Madrid. 

Todo ello no quita que el ala socialista del Gobierno mantenga absoluto silencio ante cualquier cuestión relacionada con el rumbo de las negociaciones. Aunque a dos velocidades diferentes, tanto el PSOE como Sumar trabajan desde hace semanas para instaurar un relato que allane el camino a posibles nuevas concesiones al independentismo. Concretamente, el Ejecutivo en funciones estaría barajando la posibilidad de una amnistía para los implicados del procés, condición que ERC y Junts establecen como indispensable. 

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Sin embargo, la amnistía plantea un complejísimo trabajo jurídico que los equipos de PSOE y Sumar deben llevar a cabo a contrarreloj si quieren encontrar un encaje constitucional a la medida de gracia. Nadie ha desvelado por el momento la presencia de ninguna propuesta concreta encima de la mesa, pero Sumar dio arranque al curso político hablando claramente de la constitucionalidad de una ley de amnistía. 

"Corroboro que es constitucional porque el texto no la impide y tenemos un precedente en la ley de enjuiciamiento criminal", señaló la semana pasada Yolanda Díaz en referencia a los artículos 666 y 675 de dicha norma. 

"Tras todo lo ocurrido, es el momento de pasar página. La eliminación de esos efectos penales es importante, no solo para los que están en Bélgica. Es una medida que debería tomarse", apuntaba por su parte el portavoz del partido, Ernest Urtasun. 

El PSOE es más discreto a la hora de defender una hoja de ruta, si bien el portavoz en el Congreso, Patxi López, defendió a mediados de agosto la vía del diálogo. "Desjudicializar es que la política sea la que resuelva los problemas políticos y no derivar todo a la justicia, porque la política es diálogo, y eso es lo que vamos a hacer: dialogar". Sánchez bordea en sus declaraciones la mención a una posible amnistía y su equipo sigue sus pasos. Tan solo el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, se ha salido de la estrategia de Ferraz al declarar el lunes que la amnistía que piden Junts y ERC "vulnera el principio de igualdad ante la ley" y "choca con la Constitución". 

Sea como sea, los diferentes actores de la negociación irán desvelando sus cartas durante las próximas semanas, empezando por Junts, que este martes pondrá precio a su apoyo a la investidura de Sánchez.