El Gobierno municipal ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento ha logrado reducir a la mitad el periodo medio de pago a proveedores (PMP) que se situaba, hasta el mes de junio en 71,97 días y se ha reducido a 37,84 días y de 70,69 días de PMP consolidado, es decir, incluyendo a organismos autónomos, se ha pasado a 43 días. 

Una medida que llega "tras la alarmante situación heredada del PSOE, que incumplía la ley", como ha asegurado el teniente de alcalde de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital de Sevilla, Juan Bueno, que ha explicado que "llegamos al gobierno con unos datos preocupantes de PMP, con una cifra muy por encima de la media de las principales ciudades españolas, y no tan principales". 

Ha detallado que "por parte del PSOE se había entrado en una inercia de caída libre en este asunto, y además con avisos, con requerimientos serios de toma de medidas por parte incluso del propio Ministerio de Hacienda y Función Pública, que el pasado 23 de junio emitió una carta al Ayuntamiento advirtiendo que se había incumplido el plazo legalmente establecido para el pago a proveedores ya desde abril del año 2023, que la tendencia era creciente, incluso en más de un 20%".

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La carta, a la que ha tenido acceso este medio,  dice también explícitamente que se trataba de problemas de gestión y que se debían aprobar medidas estructurales de organización y gestión administrativa que garantizaran el cumplimiento debido del período medio de pago a proveedores. Y, además se proponía que se aprobaran una serie de medidas orientadas a evitar demoras en los plazos de conformidad y aprobación de las facturas, y terminaba la carta hablando y advirtiendo de posibles actuaciones sancionadoras contra el Ayuntamiento de Sevilla.

Al hilo de ello, Bueno ha explicado que "eso no es, ni más, ni menos que tener que asumir, probablemente, planes financieros que conllevarían problemas estructurales como, por ejemplo, para el presupuesto del año que viene, donde afectaría a las inversiones si hubiera tenido que hacerse".

Bueno ha detallado que "el gobierno anterior, en este sentido no había tomado ninguna medida que nos conste" y ha explicado que "la ley dice que desde que se conforma la factura hasta que se paga el plazo debe ser de 30 días". Y, también se dice 'si se está más de dos meses en más de 60 días' es cuando hay que tomar medidas, por eso el Ministerio mandó la advertencia". El delegado de Hacienda ha reiterado que "a partir de los 60 días hablamos de datos excesivamente negativos y el PSOE había llevado al Ayuntamiento a esa situación".

Plan de choque municipal

Bueno ha subrayado que "este gobierno se puso a hacer lo que tenía que hacer", con la creación de un 'plan de choque' que involucraba a todos los cargos y servicios que tienen que ver con la tramitación de los gastos y de los pagos y ''todos respondieron de forma más que satisfactoria". 

Así, ha detallado que fruto de ese plan "a 30 de agosto el PMP consolidado en el que se incluye a Lipasam y Tussam ha pasado de 70,69 a 43 días". Y, en el Ayuntamiento la cifra es mucho mejor, porque estamos hablando de pasar del 71,97 a 37,84 días, casi la mitad, con lo cual los datos son más que satisfactorios". Ha indicado que todavía no se ha cerrado el mes de agosto y pueden producirse actuaciones que mejorarán el dato que les doy a día de hoy.

"Esto significa que en el mes de julio se aprobaron operaciones pendientes de aplicación (OPAS), o sea, facturas pendientes de pago que no estaban en los presupuestos o que no habían seguido el procedimiento convenido para que se pudieran pagar, no estaban regularizadas. Tratamos de regularizarlas y durante el mes de julio se han pagado OPAS por valor de 11 millones de euros, algunas facturas incluso del año 2020. En total hablamos desde mediados de junio, que es cuando entra este gobierno, hasta el día de hoy, unos 54 millones de euros en ese tipo de facturas".

Del mismo modo, el delegado ha reiterado que "el trabajo evidentemente sigue, ahora ese plan de choque se tiene que aplicar de forma importante a los organismos autónomos y a las sociedades donde está también ese reto de bajarlo de forma importante. Nuestro objetivo a día de hoy es que a final de año estemos por debajo de los 30 días que marca la ley".

"Queremos que ese objetivo se cumpla antes de final de año, continuar con esa tendencia a lo largo de todo el resto del mandato". Ha concluido que no queremos que Sevilla vuelva a estar en el furgón de cola en el que siempre nos han metido los gobiernos socialistas cada vez que han tenido la oportunidad gobernar".

El PSOE desmiente las acusaciones de Bueno

Por su parte, el grupo municipal del PSOE  en el Ayuntamiento ha asegurado que no existen problemas de liquidez en el Ayuntamiento de Sevilla, y ha recordado que el pago medio a proveedores ya bajó a 30 días en 2022. La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya, ha respondido así a las acusaciones vertidas por el equipo de Gobierno actual y ha advertido que los infundios de Sanz sobre su solvencia tratan de tapar subidas tributarias y trasladan desconfianza a las empresas e inversores en la ciudad.