Tiempo habrá para comentar las condiciones que harán posible la investidura de Pedro Sánchez, con ese peaje que le exigen los independentistas en forma de amnistía para los encausados por los delitos del procés. Por ahora lo que se ha producido es la elección de la Mesa del Congreso, presidida por la socialista balear Francina Armengol, a cambio de tres exigencias en las negociaciones: dos comisiones parlamentarias de investigación y del uso de todas las lenguas cooficiales en la sede de la soberanía nacional. Ambas comisiones ponen en el centro de la diana al CNI, una por los atentados yihadistas de 2017 y la otra por el espionaje a través del programa Pegasus. Es vergonzoso que se tenga que dar pábulo a las tesis de los separatistas en el marco de unas comisiones sin capacidad real para investigar nada, ni para desmentir aquello que ya ha sido juzgado con todas las garantías procesales, como fue la autoría de los crímenes terroristas en Barcelona y Cambrils. Políticamente, es barato cederles esos espacios propagandísticos, pero con ello se contribuye a la erosión de nuestra democracia y de las instituciones Estado.

Cuestión diferente es el uso del catalán/valenciano, gallego y vasco en el Congreso. España es un país plurilingüe, aunque con la fortuna de compartir una lengua universal que es el castellano. Ciertamente, en español nos entendemos todos, pero tampoco es ninguna aberración que en sede de la soberanía nacional se escuchen todas las lenguas cooficiales. Que sea más caro, no es un argumento de peso. El problema es que de nuevo esta medida es el fruto de una exigencia de los partidos separatistas, y no el resultado de una ley de lenguas, consensuada de entrada por el PSOE y el PP, para poner fin a la querella lingüística, completar el reconocimiento de la pluralidad y garantizar el respeto a los derechos de todos los hablantes, también de los castellanohablantes en los territorios bilingües.

Mientras el Estado hace tiempo que practica con el ejemplo, y en Cataluña el DNI es bilingüe, o RTVE emite en catalán, la Generalitat no lo hace, y el carnet sanitario, así como todos los documentos oficiales, están escritos únicamente en catalán. La Administración general del Estado reconoce el plurilingüismo, y que en el Congreso se pueda hablar en todas las lenguas cooficiales va en esa línea, pero es inadmisible que los soberanistas sigan persiguiendo el monolingüismo (tanto en la escuela como en la administración) e ignorando al castellano y a sus hablantes. Hay un desequilibrio en el trato y la sensación de que siempre ceden los mismos, por lo que medidas como la del Congreso, aun siendo positiva, produce rechazo entre una parte de la sociedad. Las lenguas de España son todas las que históricamente se hablan, como de Cataluña son tanto el catalán como el castellano, además del aranés.