Agentes de la Policía Nacional detuvieron este jueves a dos hombres de 32 y 50 años tras supuestamente impedir el acceso a la piscina municipal de Benicalap de Valencia y humillar verbalmente a una mujer saharaui, delante de sus tres hijos menores de edad, por llevar el velo.

Los hechos sucedieron el pasado 4 de agosto y, tras una investigación, la Policía ha detenido a dos trabajadores de la empresa concesionaria como presuntos autores de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas y ha dado traslado al juzgado, según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior a Europa Press.

Según publica este viernes Levante-EMV, la víctima, Fadila, es una mujer a la que el personal de seguridad de la piscina le impidió el paso al decirles que no llevaba bañador, que solo quería acompañar a sus hijos, y a la que supuestamente le lanzaron expresiones como "vete a tu puto país", "qué asco de ropa lleváis", "iros a parir a vuestro país" o "como des un paso más te doy una que no te levantas del suelo".

La ONG València és Refugi, que está ayudando y acompañando a la víctima, ha explicado a Europa Press que han presentado hojas de reclamaciones por estos hechos ante el consistorio y una denuncia, primero ante la Policía Local y posteriormente ante la Nacional. La entidad ha subrayado que el personal de seguridad impidió el paso a la mujer a pesar de que les dijo que esa era su ropa de calle y llevaba burkini para cambiarse, y reprocha que no es la primera vez que 

le sucede.

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De hecho, la ONG ha señalado pruebas gráficas de lo sucedido porque la víctima estaba alertada de que, si le volvía a suceder, les avisaran para asistirla, por lo que fueron testigos. Ana, que pertenece a la entidad, ha lamentado el "componente racista y de islamofobia" de esos trabajadores además de que los insultos se profirieron delante de tres niños pequeños, de entre 6 y 12 años, que ahora tienen miedo de volver a la piscina.

La representante de la entidad ha criticado que, de momento, el Ayuntamiento de Valencia no se ha comunicado ni con la víctima ni con la entidad cuando han cumplimentado dos hojas de reclamaciones por comportamientos similares hacia Fadila. "En esta piscina es el pan nuestro de cada día", critica, y añade que constan "más quejas de otras temporadas".

Según la ONG, la afectada se encuentra mal, en especial por la presencia de sus hijos en la agresión verbal sufrida. En esta línea, relata que uno de los niños ha inventado una canción en la que cambia el nombre del "hombre del saco" por el "hombre de la piscina".

En este proceso, la entidad está intentando hacer un "acompañamiento emocional", si bien reconocen que siempre hay una parte del camino en el que la víctima "quiere dar un paso atrás" y, en este caso, asegura que se está "acelerando" porque tienen "miedo real" a posibles consecuencias. "Y esto es lo que no se puede consentir: no es normal que haya tres niños que no quieran ir a una piscina", ha lamentado.

Delito de odio específico

La fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia, Susana Gisbert, ha señalado a Europa Press que su sección asumirá las diligencias cuando las traslade el juzgado y ha destacado que, de confirmarse los hechos y si están acreditados, podrían enmarcarse en un delito de odio específico recogido en el artículo 511 del Código Penal.

Este artículo hace referencia al particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Pero, además, se tendrá en cuenta si la víctima ha sufrido una humillación o menosprecio.

Gisbert ha señalado que no es fácil determinar si está habiendo un incremento de casos de islamofobia porque en las estadísticas, tanto de Fiscalía General como del Consejo General del Poder Judicial, no se incluyen con este nombre concreto y muchas veces esta discriminación está mezclada con otras, por otras razones como por nacimiento o raza. Por ello, apunta que es "difícil seguirles la pista" si bien admite que en la práctica diaria "sí que se ha notado en los últimos tiempos".

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Apertura de investigación

El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado la apertura de una investigación conjunta por parte de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y la ONDIS, la Oficina de No Discriminación del consistorio, para conocer los hechos y tomar las medidas oportunas que fuesen necesarias. Durante la investigación se dará audiencia a ambas partes.

El consistorio subraya que la piscina municipal de Benicalap está gestionada por una concesionaria, empresa externa al Ayuntamiento, por lo que, este viernes, el personal de la Fundación Deportiva Municipal se ha desplazado hasta la instalación y ha dado traslado de esta decisión a la compañía que la gestiona.

Desde el Ayuntamiento de Valencia "se condena todo tipo de discriminación y se trabaja a diario para evitar situaciones que pudieran vulnerar los derechos de las personas" y se ha puesto a disposición de la Policía Nacional en la investigación que está llevando a cabo sobre 

el tema.

PSPV y Compromís

Sobre este hecho se han pronunciado tanto el grupo municipal socialista como Compromís. El concejal del PSPV, Javier Mateo, ha pedido al consistorio que abra una investigación "rápida" de los hechos y ha instado al PP a incluir una cláusula en los contratos de concesión que penalice este tipo de situaciones.

"La Valencia del Aquarius y que ha acogido a muchos ucranianos no puede permitir que se eche por tierra la gran imagen que hemos construido de la ciudad inclusiva", ha dicho, y ha exigido "replantearse" los "pactos de la vergüenza" con Vox.

Por su parte, la coalición ha instado a la alcaldesa de València, María José Catalá, "a ser contundente contra cualquier manifestación de racismo en la ciudad" y ha reclamado sancionar a la concesionaria si se confirman los hechos, que el concejal Pere Fuset ha calificado de "muy graves".

Fuset acusa al PP de "blanquear a la extrema derecha de Vox dando alas al racismo con sus pactos que ya están teniendo consecuencias para la vida de las personas y ponen en peligro la convivencia en la ciudad" y ha puesto en valor la creación de la Oficina de No Discriminación y contra Los Delitos de Odio (ONDIS) con el anterior gobierno del Rialto.

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