Madrid, País Vasco y Navarra son las tres únicas comunidades autónomas que no tienen deudas con el Estado y que, de aprobarse algo así, quedarían fuera de una eventual quita, si esta fuera general, que empieza a plantearse como una forma de satisfacer las pretensiones de ERC y Junts de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Encabezadas por Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía, el resto de autonomías debe un total de 187.000 millones prestados por el Gobierno central mediante distintos instrumentos para hacer frente a pagos de servicios sociales o a vencimientos  de otras deudas. Una eventual condonación parcial supondría un alivio a sus cuentas de la que no se beneficiarían Madrid, País Vasco ni Navarra.

Después de años metida en un cajón, la reforma del obsoleto sistema de financiación autonómica saltó oficialmente al escenario de los pactos de investidura el lunes pasado, cuando Montero se comprometió a "impulsarla" en la próxima legislatura si Sánchez revalida el Gobierno. En línea con las reivindicaciones de ERC y Junts, la también número dos del PSOE se refirió en concreto al déficit y la deuda autonómica, días después de que el PSC apoyara una moción del Parlament impulsada por Junts que insta al Gobierno a "plantear la condonación de la deuda de los fondos de liquidación autonómica", debido a su "infrafinanciación" durante décadas.

De momento, no hay más detalles del plan de Sánchez sobre financiación y deuda autonómica, pero una eventual quita restaría la cantidad que las distintas comunidades deben al Estado, mediante préstamos recibidos pro medio de tres mecanismos de liquidez extraordinarios: el Fondo de Facilidad Financiera, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Fondo de Liquidez REACT-UE. Los tres se integran en un único apunte de la relación del Banco de España de los préstamos que tienen contraídas las comunidades autónomas, que hace referencia a sus deudas con el Estado.

Cataluña y Valencia, principales endeudadas

De acuerdo a la contabilidad del Banco de España, en marzo de 2023 el montante total ascendía a 187.029 millones y la comunidad más endeudada era Cataluña, que debe al Estado 71.852 millones. Le siguen la Comunitat Valenciana (46.274) y Andalucía (25.276 millones) y a más distancia sigue una relación en la que solo faltan tres comunidades, Madrid, País Vasco y Navarra. Ninguna de ellas está endeudada con el Estado -sí con otras instituciones financieras, nacionales y del resto del mundo, como el resto de las autonomías-. Por tanto, no se beneficiarían de una eventual deuda.

Quizá por eso, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha dejado claro que no aceptará una "condonación de deuda", que considera una "aberración", en referencia a Cataluña, pero que sería general, según el planteamiento que asegura el PSOE de que lo que sea, deberá ser para todos. Distinta es la situación de comunidades, también del PP, que sí tendrían mucho que ganar y que ya hacen cálculos de la quita que podría corresponderles. La Junta de Andalucía ha sacado la cifra de 12.000 millones mientras que el presidente valenciano, Carlos Mazón, reclama también una "compensación" que no se negocie con Cataluña "en el cuarto oscuro".

El ranking de endeudamiento por comunidades sigue con Castilla-La Mancha, que tiene préstamos contraídos con el Estado por valor d e 11.069 millones; Murcia (9.762); Aragón y Baleares (4.940 y 4.828 millones respectivamente); Cantabria (3.100 millones), Galicia y Extremadura (2.759 y 2.288 respectivamente, Castilla y León (1.966), Asturias (858) y La Rioja (758).

Según datos del Ministerio de Hacienda, la mayoría de la deuda autonómica se contrajo a través del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), el mecanismo que se creó en 2012 en plena crisis financiera para financiar con dinero del Estado a las comunidades que no podían financiar su deuda en los mercados. En 2023, el Gobierno todavía asignó a través de él 22.300 millones para Cataluña y la Comunitat Valenciana (en su mayor parte, 8.700 y 6.700 millones respectivamente) y también para Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja.

También el año pasado, el Estado destinó 1.773 millones a Andalucía, la única comunidad que en 2023 pidió dinero al Fondo de Facilidad Financiera, destinado a financiar vencimientos de otros préstamos y el pago de intereses. Desde hace una década han solicitado recursos de este instrumentos otras 11 comunidades, incluida la de Madrid, en 2015.

El tercer instrumento extraordinario es el Fondo de Liquidez REACT-UE,  que el año pasado solo solicitó Murcia (nueve millones) y que en en 2021 y 2022 también se concedió a Cataluña, Valencia, Extremadura y La Rioja.

Mercadeo o igualdad

La posibilidad de que el Gobierno condone parte de la deuda de las comunidades y su intención de reabrir la negociación de la financiación autonómica ha puesto en alerta al PP, que cree que ofrecer ahora un nuevo sistema de financiación autonómica, haciendo además hincapié en la deuda en lugar de en el reparto de los ingresos, es "un arma de mercadeo" con la que Sánchez quiere ganarse el apoyo de los independentistas catalanes. 

El PP señala que el PSOE "solo pone la financiación autonómica sobre la mesa cuando necesita votos"

El PP también considera que hay que reformar el modelo, que de 2009, cuando considera que el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, lo diseñó "al antojo de Cataluña y perjudicó a otros territorios", ha criticado este jueves su vicesecretario de Organización, Miguel Tellado. "No se puede diseñar un modelo a la carta para Cataluña y para que unos señores le den su apoyo a Sánchez", ha dicho en RNE, donde ha pedido que "se hable de todas las comunidades", de forma "multilateral".

Aunque el PP cree que una eventual quita de deuda sería una concesión a los independentistas calanes, Tellado también ha admitido que otras comunidades -también del PP- la puedan reclamar también para sí. Tellado ha obviado que en estas negociaciones las comunidades se suelen agrupar entre más pobladas y con mayor dispersión, independientemente de su signo político, al asegurar que la postura del PP "es la misma", sobre la financiación, el reparto de los ingresos y también sobre la deuda. "Otra cosa es que el señor Mazón [en referencia al presidente valenciano], cuando escucha que el PSOE quiere hacer una quita, alce la voz y diga que si le hacen una quita a Cataluña, a la Comunidad Valenciana, también". 

Desde el PSOE y el Gobierno en funciones se insiste en que la reforma será general para todas las comunidades e incluso para los ayuntamientos y "en el contexto de diálogo con todas las comunidades autónomas", según ha indicado este jueves la ministra de Política Territorial y portavoz en funciones del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.