Diez años y tres días después del horrible accidente ferroviario del tren Alvia en la curva de Angrois (A Coruña), en el que perdieron la vida 80 personas y dejó más de 140 heridos, este jueves y con la declaración de los abogados de las defensas finaliza el juicio que se ha prolongado casi diez meses, por el que han pasado más de 700 personas y cuya sentencia deberá dictar la jueza María Elena Fernández Currás.

La sentencia no se espera que esté lista antes de la primavera de 2024. La jueza de lo Penal de Santiago tiene ahora sobre su mesa más de cien tomos con decenas de miles de folios de un macroproceso convulso que las partes admiten que tampoco tendrá en su decisión un punto final.

"El juicio acaba mañana, pero auguro que recurriremos nosotros o la Abogacía del Estado y llegará como mínimo a la Audiencia", explica el presidente de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez a 20minutos, arrastrando el cansancio de mantener contra viento y marea diez años de pelea por exigir responsabilidades a las instituciones implicadas.

La principal incógnita del fallo judicial es, precisamente, sobre quién recae la responsabilidad del accidente que se produjo cuando el tren que cubría el trayecto Madrid-Ferrol tomó la curva de A Grandeira que da acceso a la estación de Santiago de Compostela con un exceso de velocidad, a 179 km/h en un punto con 80 km/h de máximo, lo que hizo descarrilar el tren tras impactar contra un muro de hormigón.

EP

El pasado 5 de octubre de 2022, la Justicia sentaba en el banquillo como investigados por el siniestro al maquinista del tren, Francisco José Garzón, y al que era el director de Seguridad en la Circulación de Adif en el momento de puesta en funcionamiento de la línea, Andrés Cortabitarte. La Fiscalía y la plataforma de víctimas pedían para cada uno de ellos cuatro años de prisión por 80 supuestos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de imprudencia profesional grave.

El maquinista Garzón reconoció nada más descarrilar, en su primera llamada para comunicar el siniestro, su fallo al coger la curva por haber perdido la consciencia situacional antes de la curva, pero también indicó que aquel punto no contaba con la seguridad necesaria y que ya sus compañeros habían advertido de que algo así podía suceder.

La línea hibrida de alta velocidad se inauguró en 2011 con un sistema de seguridad ERTMS que frena un convoy con velocidad inadecuada. Pero un año después, en 2012, el ERTMS fue sustituido por el sistema ASFA, menos efectivo, debido a ciertas anomalías que provocaban retrasos. Los maquinistas advirtieron de la pérdida de seguridad de la línea y de la falta de balizas de señalización en la pronunciada curva de Angrois.

La defensa del maquinista expuso en el juicio las quejas de la falta de seguridad en la línea, por ausencia de balizas de señalización y falta de formación de los conductores. Mientras, en su declaración, el maquinista no pudo contener las lágrimas, reiteró la petición de perdón a las víctimas, pero insistió en que la responsabilidad fue de la falta de medidas de seguridad en la curva. "Frené, pero fue imposible", dijo. "Con las medidas que hay ahora no volvería a pasar".

Álvaro Ballesteros vía Europa Press

Sin embargo, ante la jueza, el otro investigado, el ex director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, achacó el descarrilamiento únicamente a un "incumplimiento" de velocidad de Francisco José Garzón, e indicó que la conversación que mantuvo antes y durante 100 segundos el conductor con el interventor no tendría que haberse producido.

"Al hablar por el móvil corporativo", alegó Cortabitarte, "Garzón pierde toda la situación de lo que tiene por delante". "Si hubiera frenado cuatro segundos antes, no estaríamos aquí ahora. Estamos aquí por cuatro segundos", apostilló Cortabitarte. De la misma opinión fue la abogacía general del Estado, cuyo letrado, Javier Suárez, exoneró a Adif de toda responsabilidad en el accidente: "Adif no causó el accidente", defendió. 

En un giro inesperado durante el juicio, en junio la Fiscalía retiraba la acusación a Cortabitarte. El fiscal, Mario Piñeiro, quitó su conclusión previa en la que afirmaba que el trágico accidente no hubiese sucedido si Adif y la Dirección de Seguridad en la Circulación "hubiesen evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad" en el tramo del siniestro. Y defendió que Cortabitarte actuó de acuerdo siguiendo los protocolos oficiales.

La plataforma de las víctimas mantiene, sin embargo, que Cortabitarte incumplió la normativa, al no realizar análisis de riesgos en dos ocasiones: "Al emitir personalmente el certificado de seguridad y al autorizar después, personalmente, la desconexión del sistema de seguridad por los retrasos que generaba", señala su presidente.

"El maquinista es el último eslabón de una cadena de negligencias. Que recibiera una llamada corporativa (cuando tenía que haber frenado) no puede ser el único motivo de algo tan catastrófico como que haya 80 muertos y 140 heridos", ha consdierado Domínguez. "Si se condena solo al maquinista retrocederemos 20 años para atrás en seguridad ferroviaria".

Ante el final de este juicio, las víctimas esperan una sentencia "ejemplar" que recoja "negro sobre blanco que hubo incumplimientos normativos y que se haga algo de justicia que se aplaque el dolor".

Por delante de la jueza Fernández Currás estos últimos diez meses han pasado multitud de peritos a petición de las partes, pero las víctimas resaltan el testimonio dado por Christopher Carr, jefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea, quién declaró que la normativa obligaba a una evaluación de riesgos tras el cambio de los sistemas de frenado que nunca se hizo. En ocho horas de declaración, Carr defendió que "un riesgo catastrófico no puede depender solo del conductor". También puso en duda la independencia de la comisión encargada de investigar el accidente, por estar integrada por los jefes de seguridad de Renfe y Adif.

Uno de los momentos a destacar del proceso, las lágrimas de la jueza al escuchar los testimonios de las secuelas de varias víctimas del accidente. Le conmovió oír la situación de dependencia de los heridos. "Subí a un tren con 35 años llena de energía y vitalidad y bajé siendo una persona enferma. Los años de vida que me ha quitado el accidente no hay dinero que los pague", destacó una de ellas.

Pendientes del fallo de la jueza estarán las aseguradoras. No en vano, la reclamación por daños y perjuicios asciende a  57,69 millones de euros.