El resultado de las elecciones del pasado 23 de julio ha vuelto a dejar la gobernabilidad de España en manos de los independentistas catalanes. Al igual que en 2019, Pedro Sánchez necesitará de nuevo el beneplácito de ERC, pero esta vez también le hará falta el 'sí' o la abstención de Junts, el partido de Carles Puigdemont, que pide la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Sin embargo, estas posiciones maximalistas no frenan las aspiraciones del PSOE, que dice que negociará siempre dentro de la Constitución y cree que su postura respecto a la situación catalana ha sido refrendada por los ciudadanos al arrasar en las urnas: el PSC obtuvo el 34,49% de los votos, 20 puntos por delante de Sumar, que fue la segunda fuerza. Los partidos independentistas, por su parte, bajaron del millón de votos, su peor resultado desde el comienzo del procés.

En Moncloa se muestran firmes, como ya lo fueron todas las veces que se les preguntó al respecto en la última legislatura. Colaboradores del ahora presidente en funciones niegan que se vaya a producir ningún tipo de consulta, como él mismo lo ha rechazado durante la última campaña electoral. "No, no es algo futurible", dijo al ser preguntado por el referéndum el viernes antes de las elecciones. "No está en la Constitución. Lo saca la derecha para asustar", afirmó. También recordó que el independentismo pidió la amnistía "y no la ha tenido".

Así las cosas, los resultados electorales han apuntalado otro argumento que recorre el palacio presidencial. El PSC no solo fue la primera fuerza en Cataluña, como ya lo había sido en las últimas elecciones autonómicas, sino que no tuvo rival. La formación de Salvador Illa logró más de 1.200.000 votos, quedándose cerca de su mejor resultado histórico, el cosechado en 2008 por Carme Chacón. Entonces, la otrora ministra de Defensa y de Vivienda logró dar a José Luis Rodríguez Zapatero 25 escaños con un millón y medio de votos. En esta ocasión, han sido 19 gracias al 34,50% de los votos, 20 puntos más que Sumar, que fue segunda fuerza con siete asientos y casi medio millón de votos.

Montero reclama discreción y asegura que el PSOE actuará "estrictamente" dentro de la Constitución en la negociación con Junts

"Nos llaman de todo, pero al final somos primera fuerza en Cataluña", presumían el lunes en Ferraz, sede del PSOE, donde celebraban el "tirón" de Illa, ex ministro de Sanidad, que también ganó las últimas autonómicas, aunque no pudo gobernar por un pacto entre independentistas. Cabe recordar que los socialistas sí llevan las riendas del Ayuntamiento de Barcelona, donde fueron segunda fuerza, gracias a los votos del PP y de Barcelona en Comú, la formación de Ada Colau. "Esta política", dicen en referencia a la "pacificación" tras los indultos a los líderes del 'procés' condenados, "ha hecho que tengamos más diputados que todo el independentismo".

Y es que, al buen resultado del PSC -y del constitucionalismo en su conjunto- se suma un resultado muy discreto de las fuerzas independentistas, que han bajado del millón de votos por primera vez desde que comenzó el 'procés', también gracias a la abstención por la que apostaban ciertos sectores independentistas. ERC, Junts, la CUP y el PDeCAT lograron 985.998 votos, 270.000 menos que en las últimas municipales y 666.000 por debajo de las generales de noviembre de 2019. Esto provocó que la CUP se quedara fuera del Parlamento español y que ERC y Junts no vayan a tener tantas facilidades para tener grupo propio en el Congreso. Para hacerlo, se necesitan 15 diputados -tienen 14 en conjunto- o haber sumado el 15% de apoyo en todas las circunscripciones a las que se hayan presentado -no ocurre-. Por lo tanto, ese podría ser un primer paso para la negociación de la investidura de Sánchez, que necesita el 'sí' de ERC y al menos la abstención de Junts.

Con todo, en Moncloa no tienen prisa para comenzar las conversaciones y, cuando abran las vías de diálogo, se hará en el marco constitucional. "Nosotros somos un partido constitucionalista y eso significa que cualquier cuestión que abordemos o que traslademos tiene que estar estrictamente en el marco constitucional", lanzó ayer en una entrevista en la Cadena SER la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero. Insistió en ello la titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que desde Moncloa: "En Cataluña solo cabe el marco constitucional, más aún a tenor de los resultados".