Los grupos ecologistas han presentado en bloque un documento con 23 ejes de acción y 118 propuestas dirigidas al Gobierno que sea elegido en las próximas elecciones, para "sentar las bases de un futuro próspero y sostenible" que resuelva además los problemas sociales derivados de "la crisis ambiental".
Bajo el nombre "Un programa por la Tierra 2023" las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF han elaborado un documento con cuatro bloques de demandas, que van desde la conservación y protección de la naturaleza, hasta la lucha contra el cambio climático, el fomento de una economía más democrática y sostenible, y el impulso de una vida saludable.
Debido a su geografía y clima, España es especialmente "vulnerable" al cambio climático y sufre ya "los embates de fenómenos extremos como olas de calor asfixiantes, sequías prolongadas, incendios arrasadores y una erosión de suelo que amenaza su productividad", advierten este jueves los ecologistas en una nota conjunta.
De cara al #23J, Ecologistas en Acción presentamos #23DemandasEcologistas, "Un programa por la Tierra".
— Ecologistas en Acción (@ecologistas) July 6, 2023
Con @AmigosTierraEsp, @greenpeace_esp, @SEO_BirdLife y @WWFespana.
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Sus propuestas están diseñadas para confrontar los retos ambientales "más urgentes" en la senda de la transición ecológica y para establecer "un cimiento sólido para un futuro resiliente y sostenible", en concordancia muchas de ellas con la Agenda 2030 de Naciones Unidas ratificada por España en 2015.
Entre otras muchas líneas de acción propuestas en el documento están las de fomentar la restauración de la naturaleza y la ambición contra el cambio climático, así como la democratización de la energía, la gestión del agua, la pesca y la agricultura, la salud física o mental, el empleo o la felicidad.
"Necesitamos cambios profundos para adaptarnos sin sufrimiento a una nueva realidad en todos los sectores y en nuestros estilos de vida", ha declarado Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.
"Es imprescindible que todos los partidos políticos reconozcan la gravedad de estos desafíos y se comprometan a abordarlos de manera colaborativa", ha afirmado Eva Saldaña, directora de Greenpeace.
Por su parte, Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, ha asegurado que el momento es "decisivo y todos los partidos deberían hacer de la defensa del medio ambiente su máxima prioridad".
Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra, pide "un cambio de modelo productivo velando por los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y su salud; una transición ecológica justa que no deje a nadie atrás".
En resumen, "un mundo más ecológico pero también más justo y feliz", ha concluido Luis Rico, coordinador de Ecologistas en Acción.
23 ejes de acción
A continuación se exponen los 4 bloques con sus 23 ejes de acción, de los que en cada uno de ellos se ha seleccionado una propuesta.
- Preservar la biodiversidad, una necesidad para España: aprobar en los primeros 100 días de gobierno una hoja de ruta para el cumplimiento del Marco de Biodiversidad Kunming-Montreal y la Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030. Esta hoja de ruta deberá detallar todas las medidas que se aprobarán o ejecutarán durante la legislatura, con la implicación de las comunidades autónomas y los diferentes ministerios afectados.
- Conservación de especies en España, protegiendo nuestra riqueza natural: elaborar una hoja de ruta conjunta entre el Ministerio y las comunidades autónomas para mejorar el estado de conservación de las especies comunes. Esta hoja de ruta debe definir acciones concretas para fortalecer la protección de las especies comunes y su hábitat, así como fomentar la participación ciudadana y la educación ambiental en la conservación de la biodiversidad.En este sentido debe ejecutarse la Estrategia Nacional para la Conservación de los Polinizadores en coordinación con el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas.
- Proteger, conservar y gestionar el 30% del territorio para 2030: revertir la situación de degradación de los PN de Doñana y Daimiel, asegurando su recuperación hídrica y de biodiversidad y estudiar, junto a las comunidades autónomas, la designación como parques nacionales de el Archipiélago Chinijo en Lanzarote, el Mar de las Calmas en la isla de El Hierro y las Estepas de Monegros.
- Protección del mar: dotar de los recursos necesarios para cumplir con los compromisos de protección del 30% de la superficie marina en las aguas españolas, continuando la hoja de ruta establecida y promoviendo activamente el diálogo y la participación con los científicos y la sociedad en la designación de estas áreas.
- Protección y gestión efectiva de los ecosistemas forestales: desarrollar y aprobar una Estrategia Estatal de Prevención Integral de Incendios Forestales. Esta estrategia debe implicar y coordinar a todas las políticas sectoriales y dotarse de las herramientas necesarias: objetivos claros y ambiciosos, cronograma, presupuesto, indicadores y forma de seguimiento. Al mismo tiempo, es importante reforzar las competencias del Comité de Lucha contra los Incendios Forestales (CLIF), y establecer un fondo presupuestario de apoyo a la prevención de incendios y gestión forestal.
- Restauración de la naturaleza: apoyar la adopción urgente de un Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la UE ambicioso que sea adecuado para hacer frente a la doble crisis climática y de biodiversidad.
- Más ambición frente al cambio climático: Establecer en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 55% en 2030 respecto a 1990, y la descarbonización en 2040, para no superar el límite de calentamiento de 1,5oC. Establecer un presupuesto de carbono y objetivos sectoriales, lo que dará un mensaje claro a los distintos actores económicos y facilitará el seguimiento del cumplimiento del objetivo general.
- Ahorro y democratización de la energía: Democratizar el sistema energético para acabar con los beneficios caídos del cielo de las grandes empresas energéticas con medidas efectivas que permitan a la ciudadanía tomar un papel proactivo, impulsando la energía comunitaria, tal como dictan las directivas europeas, así como frenar las prácticas del oligopolio eléctrico -que con su posición de dominio sobre la generación y la comercialización de la electricidad controla el mercado- para fomentar un precio justo de la energía y la entrada de nuevos actores y modelos innovadores más democráticos.
- Renovables justas y sostenibles para el territorio y la naturaleza: buscar el consenso social en el despliegue de energías renovables con la participación activa de las comunidades locales. Llevar a cabo una gestión política responsable y crear un marco jurídico que obligue a los promotores y las administraciones públicas a llevar a cabo una concertación con todos los actores implicados, ofreciendo reglas claras que garanticen la minimización del impacto ambiental y la maximización de los beneficios sociales.
- Reconducir la movilidad y el transporte: aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible que establezca la obligación de conseguir la neutralidad climática del sector transporte-movilidad en 2040 con objetivos intermedios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y 2035 en relación a los niveles existentes en 1990. Debe ser más ambiciosa que la que se está tramitando y debe contemplar medidas que reduzcan la movilidad en los medios más problemáticos, como la delimitación de zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 20.000 habitantes o la supresión de los vuelos cortos con alternativa ferroviaria.
- Agua, proteger y gestionar un recurso limitado: reducir el uso de agua para regadío reduciendo las producciones intensivas y priorizando cultivos de valor socioambiental. Para ello hay que establecer una moratoria de nuevos regadíos y revisión a la baja de las concesiones de agua de los regadíos modernizados.
- Cambio de modelo agrario: transición justa hacia la agroecología: es urgente elaborar una estrategia estatal de transición agroecológica justa hacia sistemas agrarios multifuncionales, de secano y extensivos, y garantizar precios justos y condiciones de trabajo dignas para agricultores y agricultoras fomentando la agricultura familiar y el consumo de cercanía.
- Más peces para el mar y la pesca: dotar adecuadamente de recursos el Plan Nacional para la Reducción de las Capturas Accidentales en la Actividad Pesquera, incluyendo tiburones, rayas y quimeras; y asegurando una participación efectiva del sector pesquero, expertos y representantes de la sociedad civil. Aprobar el Real Decreto que garantice su completa ejecución.
- Un urbanismo desligado de la especulación y adaptado al cambio climático: aprobar el reglamento que desarrolle la Ley del suelo y regeneración urbana, y otros mecanismos que limiten la transformación del suelo en situación básica rural a urbano, asegurando la posibilidad de que los núcleos urbanos ubicados en espacios protegidos puedan atender sus necesidades de vivienda y dotaciones básicas.
- Respetar el suelo y el territorio: elaborar un Plan Nacional para reducir el uso de recursos minerales, basado en un estudio del consumo actual y prospectivo vinculado a diferentes escenarios de demanda y analizando las fuentes potenciales para entender sus implicaciones socioambientales. Este plan debe incluir medidas que promuevan la eficiencia y suficiencia de recursos, la priorización en el uso de los recursos disponibles y el fomento de modelos de producción y consumo alternativos, y debe incluir la participación de la sociedad civil.
- Economía y empleo para la biodiversidad y el bien común: promover planes de ayuda a personas trabajadoras de sectores en transformación, incluyendo rentas básicas y la formación en nuevos nichos de empleo sostenible.
- Más justicia global y ecológica: situar al final de legislatura la presión fiscal y la fiscalidad verde en la media de la eurozona (de 38,7% a 42,2% y de 1,8% a 2,4%, sobre el PIB, respectivamente), poner coto a la evasión y elusión fiscal de grandes grupos y patrimonios y gravar de manera permanente los beneficios extraordinarios.
- Democracia ambiental y gobernanza: mantener una Vicepresidencia ambiental en el Gobierno, que cuente con el poder y los recursos necesarios para influir de manera efectiva en todas las políticas y decisiones gubernamentales.
- Garantizar el derecho a un aire limpio: impulsar una revisión ambiciosa de la normativa de calidad del aire, que establezca como nuevos valores límite a alcanzar en 2030 los estándares de calidad del aire de la OMS, incluyendo valores límite de protección de la salud y de la vegetación para el ozono troposférico, el contaminante que afecta a más población y territorio en el Estado español. La revisión de la Directiva de Calidad del Aire debe ser una prioridad de la presidencia española del Consejo Europeo del segundo semestre de 2023, para garantizar su aprobación definitiva antes de la disolución del Parlamento Europeo, la primavera de 2024, y debe transponerse con rapidez.
- Una alimentación sana, sostenible y accesible: garantizar el acceso a una alimentación sana y sostenible, basada en productos agroecológicos, implementando políticas de fiscalidad diferenciada a los productos ecológicos, estableciendo ayudas específicas a población vulnerabilizada, como por ejemplo a través de la creación de una cesta básica social de alimentos ecológicos, locales y de temporada a familias con Renta Mínima de Inserción.
- Frenar la contaminación química: apoyar la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento de Uso Sostenible de Plaguicidas, estableciendo una reducción vinculante de al menos el 50% tanto en uso como en riesgo de los plaguicidas (productos fitosanitarios), en base a criterios basados en la toxicología de cada una de estas sustancias.
- Más recursos con residuo cero: aprobar sin dilación el Plan de Prevención de Residuos establecido por ley, incluyendo medidas para avanzar hacia la eliminación de productos de un solo uso con fuerte impacto ambiental, para combatir la toxicidad de los productos implementando la prohibición de ftalatos y bisfenol A en los envases, especialmente alimentarios.
- Y la felicidad, ¿para cuándo?: desarrollar planes de salud y medio ambiente para combatir el déficit de naturaleza, la ecoansiedad, la soledad, fortaleciendo la sanidad pública con planes de salud mental y salud de la naturaleza en los centros de atención primaria.
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