El Gobierno aprueba un plan contra el racismo e interpone cinco denuncias ante la Fiscalía por discursos de odio en internet

Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, en rueda de prensa en Moncloa.
Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, en rueda de prensa en Moncloa.
EFE/ Juan Carlos Hidalgo
Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, en rueda de prensa en Moncloa.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia (2023-2027), con dos objetivos principales: avanzar en la integración e inclusión de las personas migrantes y prevenir y combatir el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. La iniciativa renueva las estrategias ya aprobadas en 2011 y 2014, e incorpora nuevos elementos de calado, como los discursos de odio en internet. 

En ese sentido, la ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha explicado que el Gobierno ya se ha personado en cinco denuncias ante la Fiscalía por discursos de odio online. "Se está incluyendo y se está actuando por primera vez en nuestro país con denuncias ante la Fiscalía General del Estado por parte de las administraciones públicas", ha señalado.

Las querellas se han interpuesto a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones. "Un paso más", según el Ejecutivo, en su trabajo contra los mensajes de odio "que empañan el debate público". 

Cinco discursos de odio denunciados por el Gobierno

La primera de las querellas señala a un canal de YouTube en el que se difundían comentarios contra las personas inmigrantes del norte de África y se hacía un llamamiento a la organización ciudadana para "ir a por ellos pueblo por pueblo". 

En la segunda, denuncian a un perfil reincidente de Instagram en el que se publicaba contenido con violaciones, decapitaciones, quema de personas, mutilación genital femenina, esclavitud guerra al infiel y pedofilia acompañadas de la frase: "Aportaciones del Islam a Europa". En otra, una cuenta de Twitter publicaba delitos "presuntamente perpetrados por personas inmigrantes", con datos de la persona (nombre, nacionalidad, tipo de delito, etc.) que permitan localizarla. 

También en Twitter está otro de los delitos de odio denunciados ante la Fiscalía. En este caso por contenido de ideología neonazi "con uso de siglas y guarismos". Según el Gobierno, dicho perfil deshumanizaba a las personas inmigrantes comparándolas con animales e incita a la violencia expresa contra diferentes colectivos, entre ellos el LGTBIQ+.

El último se da en Telegram, por varias publicaciones de supuestos incidentes y actos delictivos, que el perfil en cuestión atribuye a personas inmigrantes o de otro origen étnico. "Se usa simbología nazi, se alimenta la inseguridad y se muestra a la inmigración como una amenaza", detalla el Ministerio de Inclusión, impulsor del plan.

"Todo esto no es espontáneo: hay quien está provocando este tipo de acciones que terminan en esos discursos de odio, cuando no en delitos de odio, que es lo que estamos denunciando por parte del Estado", ha aseverado Isabel Rodríguez.

Comité de Seguimiento

Estas denuncias se enmarcan dentro de las dos líneas de actuación que, para el Ejecutivo, son las más relevantes: las dedicadas a la prevención, sensibilización e intervención contra la xenofobia, el racismo y la intolerancia. El nuevo Marco Estratégico prevé igualmente una serie de actuaciones en materia jurídico administrativas relacionadas con los procesos de extranjería y nacionalización, con la atención humanitaria y la acogida de solicitantes de protección internacional. 

Todo ello, subraya el departamento dirigido por José Luis Escrivá, prestando especial atención a la vulnerabilidad de las personas para sortear cualquier discriminación en la vivienda, el empleo, la sanidad o la educación. 

Para monitorizar las seis líneas de actuación del plan, se establece la creación de un Comité de Seguimiento y Evaluación, encargado de proponer mejoras en base a indicadores específicos y estudios que se vayan haciendo. También se contempla el deber de las comunidades autónomas de elaborar sus planes de integración y prevención del racismo.

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