La Ciudad de la Justicia de la capital está gafada. El proyecto ha vuelto a fracasar de nuevo, al declararse desierta la última intentona de adjudicación que impulsó la Comunidad de Madrid en los últimos compases de la pasada legislatura, y suma varios lustros de peregrinaje por los despachos de la región. Ahora, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pide tiempo para analizar los detalles de lo sucedido y se resiste a renunciar a una iniciativa que pretende concentrar en un mismo lugar casi una treintena de sedes que ahora están repartidas por la capital.

"No se descarta bajo ningún concepto que este proyecto se pueda realizar", ha aseverado este lunes Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local. "Tenemos que analizar qué es lo que ha ocurrido para ver de qué manera se puede abordar", ha insistido el responsable autonómico, que ha rechazado poner un plazo a ese "periodo de reflexión" que se va a otorgar el Ejecutivo regional para estudiar la viabilidad de uno de sus proyectos estrella.

Hace ahora un año que la Comunidad sacó a licitación la construcción de la Ciudad de la Justicia. Díaz Ayuso retomó una iniciativa en la que ya trabajaron los expresidentes Aguirre y González y que desechó Cristina Cifuentes, lo que ocasionó un largo proceso judicial que se acabó decantando en el Supremo del lado de la Administración autonómica. 

El túnel de Manuel Becerra, el Nudo de Puerta de Hierro, la L1 y otras obras de verano

Tras relanzar el proyecto, el Ejecutivo regional esperaba tenerlo adjudicado en unos meses y poner la primera piedra antes de la cita electoral del 28 de mayo. Sin embargo, los planes se torcieron: en un primer momento ninguna constructora se postuló para levantar los edificios judiciales. En noviembre de 2022 la licitación se amplió unos días para dar algo más de tiempo a las compañías... pero en el descuento tampoco se registró ninguna oferta. 

La Comunidad inició entonces un procedimiento negociado sin publicidad con ACS y Acciona para que se hicieran cargo de construir las sedes judiciales y de explotar su concesión durante un máximo de 40 años a razón de unos 50 millones de euros anuales. Esta es la contratación que ahora la mesa de la licitación ha declarado desierta.

"La proposición del único licitador presentado ha sido rechazada ya que el programa económico aportado no incluye todos los parámetros y partidas mínimas", refleja la orden de la consejería que certifica el portazo al proyecto. La crisis de materiales y materias primas, la guerra de Ucrania, la inflexibilidad del marco legislativo o el incremento del IPC "sin precedentes" han sido algunas de las circunstancias señaladas por Miguel Ángel García como parte de una coyuntura que ha acabado pasando factura al levantamiento del campus judicial junto al hospital Enfermera Isabel Zendal, el Instituto de Medicina Legal ya operativo y el intercambiador de Valdebebas que ya se está construyendo. 

De momento, todos tendrán que esperar algún tiempo para averiguar si tendrán, además de cuándo y a través de qué procedimiento, un nuevo vecino en la zona.