La Ciudad de la Justicia es un viejo proyecto de la Comunidad de Madrid: lleva hablándose de él casi 20 años y nunca ha terminado de materializarse. La primera en plantearlo, allá por 2004, fue Esperanza Aguirre y después lo retomó Ignacio González. La segunda iniciativa acabó en los tribunales y, a comienzos de 2020, el Tribunal Supremo resolvió que Isabel Díaz Ayuso podía lanzar su propio planteamiento para agrupar todas las sedes judiciales de la capital.

En él ha estado trabajando en los últimos tiempos la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que acabó lanzando una nueva licitación a finales del pasado julio. Estos pliegos han sido recurridos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y criticados duramente por el PSOE-M que, a través de una carta, este miércoles ha pedido a la presidenta regional que suspenda el procedimiento para buscar otro planteamiento con más consenso.

El plan de la Comunidad es concentrar 28 sedes judiciales ahora dispersas en la capital en 18 edificios mediante la colaboración público-privada y con un sistema de régimen concesional. Se plantea pagar a la empresa que resulte concesionaria unos 50 millones de euros anuales durante un máximo de 40 años (plazo límite legal), lo que supone al menos 2.000 millones de euros.

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Sobre estas cifras, precisamente, ponen el foco los socialistas. "Estamos ante el típico pelotazo previo a elecciones", ha señalado Juan Lobato, secretario general del PSOE en la región y su portavoz en la Asamblea. "Quieren dejar este negocio hecho antes de un posible cambio de gobierno en Madrid, no se puede jugar así con miles de millones de euros de los madrileños", ha añadido. 

"Le pido formalmente dos cosas", escribe Lobato en la misiva que ha enviado a Díaz Ayuso, "que podamos mantener una reunión urgente sobre este proyecto y que suspenda el proceso de concesión abierto".

A las críticas de la oposición a los planes del Gobierno autonómico se han sumando, recientemente, las de los arquitectos madrileños. Según ha adelantado 'El País', el COAM ha recurrido los pliegos ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TCPA) porque, entre otras consideraciones, estima que incumple la Ley de Calidad de la Arquitectura, que entró en vigor el pasado mes de junio, y que se ha vulnerado la ley de Contratos del Sector Público. 

El Gobierno defiende su plan

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha valorado los argumentos de unos y otros contra uno de los principales proyectos del área que dirige. Sobre el recurso presentado por el COAM, López ha asegurado que su departamento ya ha trasladado su respuesta al Tribunal Administrativo de Contratación Pública y, en todo caso, ha señalado que cree que los arquitectos "no están legitimados" para recurrir esta licitación.

"Desde el punto de vista de fondo, carece de motivos para conseguir una resolución impugnatoria", ha aseverado el consejero de Díaz Ayuso, que no obstante ha apelado a esperar la decisión del tribunal, que es el que tiene que resolver sobre lo planteado. 

Con la petición de Lobato, el responsable de Presidencia, Justicia e Interior ha sido especialmente duro. López ha calificado como "pura ignorancia" los argumentos con los que el PSOE ha pedido al Gobierno regional que suspenda el proyecto de la Ciudad de la Justicia y ha esgrimido que no es la primera vez que se utiliza el modelo concesional por el que han optado.

"Este sistema lo llevó a cabo el Gobierno socialista de Cataluña en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Ahí parece que era bueno, aquí parece que es malo", ha afirmado el consejero madrileño, para agregar a continuación que en sus planes está seguir adelante con el proyecto y empezar las obras, cuyo inicio está previsto en 2023, "lo antes posible".