El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un decreto de ayudas económicas para 130 víctimas de la talidomida, un fármaco que hace varias décadas causó malformaciones en el embarazo, según ha avanzado este lunes el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El departamento que dirige Ione Belarra ha indicado que el decreto "busca hacer justicia con los afectados en España, uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo".

El Instituto Carlos III de Madrid, una entidad sanitaria pública, evaluó a los afectados e hizo el censo y el protocolo para las ayudas, cuyo importe varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento.

Así, por ejemplo, según ha explicado Derechos Sociales, para una persona con un 33 % de discapacidad la ayuda ascenderá a 396.000 euros en un pago único, a razón de 12.000 euros por cada punto fijado en el protocolo, y según fue establecido en una disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

Las ayudas podrán solicitarse desde la publicación del decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales.

Así se podrán prejubilar las personas con una discapacidad igual o superior al 45% con la nueva legislación

La talidomida fue un fármaco que se comercializó en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado como calmante de las náuseas en los primeros meses de embarazo y que provocó miles de casos de malformaciones en los fetos.

La principal malformación fue la focomelia, una anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades.

Hasta la fecha, solo 24 víctimas habían recibido ayudas, de acuerdo con una disposición de los PGE de 2009, pero ese intento de compensar a las víctimas, sin embargo, se enfrentó a serios problemas para determinar la relación de afectados por la talidomida, y por eso ahora para determinar las ayudas se han realizado más de 600 análisis complejos.

Según han recordado fuentes de Derechos Sociales, en ese proceso han participado genetistas del Sistema Nacional de Salud, sin la colaboración de la industria farmacéutica ni de empresas privadas, y han diseñado un panel de genes único en el mundo.

La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), que representa a más de la mitad de los afectados que recibirán las ayudas, se reunió hace mes y medio con representantes de la Fiscalía para pedir la apertura de una investigación por si cabía prevaricación del Gobierno al no haberse concedido aún las ayudas tras su aprobación en los Presupuestos hace cinco años.