Los inspectores de trabajo suspenden la huelga y acusan al Gobierno de utilizarles con fines partidistas

Los inspectores de trabajo han decidido desconvocar la huelga indefinida iniciada el lunes de esta semana por la "falta de intención" de llegar a un acuerdo por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el departamento que se encarga de las gestiones de personal de la administración central. Además, han acusado al Gobierno de haber intentado "instrumentalizar" a la Inspección de Trabajo con fines partidistas. En las últimas semanas, el conflicto había derivado en un enfrentamiento abierto entre los ministerios de Hacienda y Trabajo, con duras acusaciones por parte del departamento que dirige Yolanda Díaz  hacia el de María Jesús Montero. 

"Ante los últimos acontecimientos y noticias de prensa con valoraciones realizadas desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en los que se aprecia la falta de intención de dar cumplimiento a lo acordado, se comunica la suspensión de la huelga", señalan los principales sindicatos de la Inspección en un comunicado conjunto.

"Hemos decidido suspender la huelga porque el Gobierno de España ha instrumentalizado a la inspección, la ha utilizado con fines partidistas y nos ha querido meter en una guerra de acusaciones políticas", ha defendido, por su parte, Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS).

La Inspección de Trabajo había llegado a un escenario de huelga indefinida después de haber celebrado paros parciales durante varias semanas este año. Los inspectores habían llegado incluso a paralizar las campañas de la inspección, es decir, las actuaciones planificadas por el Gobierno que van más allá de las denuncias o los accidentes de trabajo, hasta que se alcanzase un acuerdo que finalmente no ha sido posible. Esto había dejado en el limbo actuaciones como la del control de jornada o el registro horario, entre otras.

Los principales sindicatos de la Inspección rechazaron la semana pasada una segunda oferta del ministerio de Hacienda para reforzar el cuerpo. El cuerpo reprocha al Gobierno que la oferta se limite a puestos directivos y deje fuera al personal técnico, administrativo, a los subinspectores y a las unidades provinciales. Además, la oferta incluía una productividad extraordinaria de seis millones de euros y la contratación de unos 800 efectivos.

Los sindicatos denuncian que las numerosas normas en materia laboral aprobadas durante la legislatura han elevado su carga de trabajo a niveles difíciles de soportar. Y mientras que ellos han correspondido con un esfuerzo extra, creen que el Gobierno no ha cumplido con su compromiso de reforzar y modernizar la institución.

Este compromiso quedó plasmado en un acuerdo firmado en 2021 en el que el Gobierno prometía reforzar el cuerpo y a elaborar una nueva relación de puestos de trabajo (la actual tiene una antigüedad de más de 20 años). Esa relación de puestos de trabajo es una especie de clasificación profesional que se emplea en la administración pública y regula cuestiones clave como las funciones de cada grupo profesional. Los sindicatos creen que Hacienda y Trabajo han incumplido su parte del acuerdo y que las propuestas que se han planteado para dar salida a la situación no se ajustan a lo pactado en 2021.