Los inspectores de trabajo rechazan una segunda oferta de Hacienda y mantienen la huelga indefinida a partir del 26 de junio

Los principales sindicatos de la Inspección de Trabajo han rechazado una segunda oferta planteada este miércoles desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública para buscar una salida al conflicto que les enfrenta con el Gobierno desde hace meses. El planteamiento del departamento que dirige María Jesús Montero tampoco ha gustado al Ministerio de Trabajo, que se ha encargado de trasladar la oferta a los inspectores en una reunión celebrada esta tarde.

Según fuentes sindicales consultadas por 20minutos, la nueva oferta de Hacienda introduce novedades en el desarrollo de la relación de puestos de trabajo (RPT) del colectivo, una de las principales reivindicaciones de la inspección. La RPT es una suerte de clasificación profesional que se emplea en la administración pública y que regula cuestiones clave como las funciones de cada grupo profesional, los complementos de destino o la cualificación que se exige para el puesto.

Sin embargo, señalan dichas fuentes, la oferta de Hacienda deja fuera al personal técnico y administrativo, al cuerpo de subinspectores y tampoco incluye a las unidades provinciales que suponen el 90% de la estructura que los sindicatos consideran necesaria. "La gente que hace las inspecciones y hace las guardias o van a los accidentes están en las inspecciones provinciales y no hay nada en la propuesta para ellos", señalan. Además, también se mantiene el complemento extraordinario de productividad de 6 millones de euros y el compromiso de reforzar la plantilla con 800 efectivos entre 2023 y 2025 que ya se había planteado en un encuentro anterior. 

Los sindicatos han rechazado el planteamiento de Hacienda al considerar que se desvía mucho del acuerdo al que se comprometió el Gobierno con los inspectores en 2021 para modernizar el cuerpo.  "Muy decepcionante e irritante", "infame", "tomadura de pelo" o "del todo insuficiente" son algunos de los calificativos que han empleado para referirse a ella varios inspectores consultados por este periódico.

Ante esta coyuntura, los sindicatos han optado por mantener las movilizaciones previstas en los mismos términos y paralizar las campañas de inspección hasta que se alcance un acuerdo. Una decisión que afectaría a la vigilancia del control de jornada, registro horario o condiciones laborales. Eso sí, seguirán atendiendo en todo momento a las denuncias individuales que planteen los trabajadores. Si nada lo remedia, el próximo 26 de junio los inspectores iniciarán una huelga general indefinida.

Sigue el choque entre Hacienda y Trabajo

El conflicto en la Inspección de Trabajo se ha convertido en un arma arrojadiza entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en manos socialistas, y el Ministerio de Trabajo, capitaneado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Unidas Podemos. Fuentes del departamento de Díaz señalan que el departamento no introduce mejoras concretas, no atiende a las necesidades territoriales y concentra los refuerzos en los puestos directivos.

Desde Hacienda responden que las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo son una decisión del Gobierno y no se debaten en la negociación colectiva. "Los ministerios no son mediadores con las organizaciones sindicales para abordar un expediente de RPT", señalan fuentes del departamento de María Jesús Montero. Además, hacen hincapié en que la inspección se beneficiará del acuerdo salarial para los funcionarios pactado en octubre del año pasado y que prevé subidas del 9,8% en la retribución entre 2022 y 2024.