La agenda climática de la UE, el conocido como Green Deal, podría sufrir un primer golpe muy duro si las cosas siguen por el camino que se ha empezado a marcar este jueves, pues la comisión de Medio Ambiente ha rechazado las modificaciones a las propuestas de la Comisión Europea, lo que traslada toda la presión al pleno y pone en peligro la ley de restauración de la naturaleza, con la que se prevé 'reparar' en torno a un 20% de los ecosistemas dañados en todo el territorio comunitario.
El resultado de la votación ha sido de 44 votos a favor, 44 en contra y ninguna abstención, un resultado con el que no se puede adoptar la iniciativa. Este giro fue celebrado por los miembros de los partidos que se oponen a la medida, principalmente el PPE y la derecha radical. Será ahora en el pleno de julio cuando se marque la posición del Parlamento, en una votación decisiva, para la posterior negociación con los Estados miembros.
César Luena (PSOE), ponente de la propuesta, explicó en rueda de prensa que "el titular es que vamos al pleno" y que la ley "no se acaba aquí". Luena por tanto habla de que han parado "a la coalición de la derecha y la ultraderecha" en torno a esta medida. "Continúa la tramitación de la ley, que es lo que las derechas, con la complicidad del PPE de Weber, era lo que querían impedir". Para el eurodiputado español la propuesta que tienen los conservadores es "negacionista" y pide no alargar el proceso: "Tenemos que discutirlo en el pleno de julio, es decir, ya".
Como parte del Pacto Verde Europeo, la Comisión propuso el 22 de junio de 2022 un reglamento sobre restauración de la naturaleza para contribuir a la recuperación a largo plazo de la naturaleza dañada en las zonas terrestres y marinas de la UE y alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad de la Unión. Eso es ahora lo que se ha puesto en jaque porque, además, los 27 ya han marcado su posición que al Gobierno español, tal como comentó la vicepresidenta Teresa Ribera hace unos días, le parece "poco ambiciosa".
"No basta proteger el 30 % de los espacios terrestres y marinos para 2030, sino que debemos también restaurar los ecosistemas particularmente dañados", sostuvo la número tres del Ejecutivo hace una semana tras la cumbre de ministros de Medio Ambiente. Bajo la presidencia española del Consejo, que arranca este sábado, esta será una de las medidas que marcarán la agenda y que a la vez serán capitales para ver si la UE cumple o no con su agenda climática.
Luena, por otra parte, ve "trascendental" que el Consejo haya tomado posición. ¿Y ahora qué? Se pregunta. "Diálogo y negociación, y tiendo la mano especialmente al PPE", añade. "Weber ha decidido una estrategia, que es competir con la extrema derecha en sus marcos políticos. Eso fracasa siempre", avisó el español al líder de los populares europeos en la Eurocámara. A la vez, Luena dice estar esperando "una reacción" de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, porque, asegura, "la primera ley de naturaleza de la UE no puede depender de una trifulca" dentro del PPE. Terminó pidiendo a sus oponentes políticos "que no se repitan mentiras" sobre esta norma.
El PPE, desde el otro lado, insiste en sus argumentos. El eurodiputado Peter Liese aseguró que la ley "es mala" y que ahí radica la postura de su familia política. "Esta ley es mala, contradictoria y para algunos es demasiado. Tenemos una agenda muy ambiciosa en la UE y Timmermans está haciendo demasiado y lo está haciendo mal", criticó, en la misma línea en la que se pronunció también su compañera Christine Schneider, que además acusó al propio Timmermans de haber "amenazado" a algunos eurodiputados.
La ley de restauración de la naturaleza busca proteger la biodiversidad de la UE, para corregir su "alarmante declive", según la advertencia de la Comisión Europea, en vista de que "más del 80% "de los hábitats europeos están en malas condiciones de conservación o que "más del 70%" de los suelos están en "condiciones de insalubridad", lo que produce una "pérdida de productividad agrícola por un valor de 1.250 millones al año".
Para detener esta tendencia, la Comisión propone en esta ley obligaciones jurídicas a los Estados miembros para proteger la biodiversidad. Así, tendrán que desarrollar Planes de Restauración Nacional para, en conjunto, restaurar "al menos el 20%" del territorio europeo para 2030 y de todos los que necesiten restauración para 2050. Si la norma se promulga, los gobiernos europeos tendrán también que crear leyes que protejan todos los hábitats, no solo aquellos que queden dentro de la Red Natura 2000.
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