Tres años de movilización y negociaciones ha permitido que las 17 familias de la calle María Guerrero, en Carabanchel puedan seguir viviendo en sus casas, después de que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) intentara desahuciarlos en dos ocasiones.

El sindicato de vivienda de Carabanchel anunciaba esta semana el acuerdo alcanzado con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). Tras estos años de negociaciones, se ha conseguido que los vecinos se beneficien de unos contratos con la empresa municipal para que el alquiler esté vinculado a los ingresos que tiene cada familia y no supere el 30% de sus rentan. "Aquí hay situaciones muy dispares, personas de 75 años, personas migrantes, solteros, parados, trabajadores de la construcción", "con este acuerdo cada vecino pagará en función de sus posibilidades, aquellos que tengan un sueldo de 1.500 euros pagarán 500 euros por el alquiler, por ejemplo", explican desde el sindicato de la vivienda.

"Esto no suele ocurrir, por lo general estos casos acaban en desahucio", comentan desde el sindicato. Para las 17 familias que llevan desde 2010 viviendo en estos pisos, se ha acordado que los contratos tengan una duración de siete años. Para el resto de vecinos, la duración será de cuatro años, fecha en la que acaba el convenio entre la Sareb y la EMVS para la cesión de estas viviendas. 

Tres años de resistencia y organización vecinal

En 2010 muchas familias entraron a vivir en estos tres bloques de viviendas que eran propiedad de la empresa Proyectos Inmobiliarios Stout S.L. Dos años después, esta empresa quebró y los pisos fueron adquiridos por la Sareb en subasta pública. El objetivo de la Sareb era vender los pisos, pero antes debía echar a los inquilinos.

El fin de la prórroga de los alquileres amenaza con provocar miles de "desahucios invisibles"

Aquí empezó toda la andadura de las 28 familias afectadas por entonces. El 17 de diciembre de 2019 se produjo el primer intento de desahucio, que terminó aplazándose. El segundo intento llegó en 2020 y también se pospuso, para entonces algunos inquilinos habían desistido y se marcharon, pero 17 aún siguieron plantando cara.  La presión pública  que hubo logró que el 6 de febrero se paralizase el desahucio de los tres bloques de pisos. 

En 2020, la crisis del COVID y las medidas antidesahucios que el Gobierno aprobó como parte de su escudo social dificultaron que la Sareb pudiera seguir con su objetivo.  Por todas estas trabas que surgieron, en 2022, la Sareb y la EMVS firmaron un convenio de cuatro años para la cesión de las viviendas. Desde ese momento, sindicato de vivienda de Carabanchel negoció con la empresa municipal para que fuera posible el acuerdo que se ha anunciado este jueves.