Más de 40 inquilinos madrileños tendrán que enfrentarse en varios juicios a Blackstone a partir de este martes. La primera de ellas será María, una mujer que deberá acudir al Juzgado de Primera Instancia de Alcorcón. Los procesos judiciales comenzaron cuando el banco de inversión interpuso una demanda a sus inquilinos alegando "expiración de contrato". Estas personas llevan viviendo en los inmuebles fuera de arriendo desde hace un año, aunque los residentes defienden que lo han hecho como protesta. Se quejan de la subida del alquiler que la compañía norteamericana quiere llevar a cabo en estos inmuebles a través de la renovación de dichos contratos.  

Todo comenzó hace un año, cuando los inquilinos de Blackstone recibieron un burofax en el que se les informaba de las condiciones del nuevo contrato de alquiler. "Eran subidas del precio de entre el 30 y el 70%", asegura Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Estos se negaron a aceptarlo, ya que consideraban que se trataba de una práctica "abusiva". 

Sin embargo, desde Testa aseguran que "las condiciones de alquiler ofrecidas por Testa cumplen escrupulosamente con la legalidad y se encuentran dentro del ratio de esfuerzo del 35%". "Los inquilinos no tendrían que destinar más de este porcentaje de sus ingresos al pago del alquiler", añaden.

Desde el sindicato, les aconsejaron seguir la estrategia 'Nos quedamos'. Se trata de una técnica a través de la cual los inquilinos no firman el nuevo contrato, siguen viviendo en el inmueble y pagan el precio de alquiler antiguo. Es una forma de "mostrar nuestras ganas de llegar a un acuerdo entre las dos partes", explica Valeria Racu. 

Sin embargo, no han tenido éxito en su intento y ahora deben enfrentarse a un "complicado" juicio. Y es que, lo más probable, según explican desde el sindicato, es que las familias se vean obligadas a aceptar el nuevo contrato, con la subida del precio que eso implica, o a dejar la vivienda. Es decir, volverían a la misma situación en la que estaban hace un año, cuando Blackstone les dio dos opciones: aceptar la renovación del alquiler o abandonar la casa.

"Estamos todos bastante nerviosos", dice Valeria Racu. "Es complicado que un juez nos dé la razón", añade. Sin embargo, no pierde la esperanza. No es la primera vez que se ve en una situación de este tipo. "Hace dos años pasamos por unos casos similares y logramos 80 contratos nuevos que no fuesen abusivos", recuerda. Igual que en aquella ocasión, luchan para que se produzca una tercera vía: una negociación colectiva. 

Desde Testa no consideran esta como una opción, ya que cada caso es una casuística y, por tanto, está sujeto a unas condiciones distintas. No obstante, defienden que están "abiertos a la revisión individualizada de las situaciones particulares de los residentes". "Los lanzamientos son el último recurso", añaden.

Parar los juicios y una mesa de negociación

Desde que el burofax entró en los buzones de estos inquilinos, han intentado negociar con dos de las sociedades de Blackstone, Testa y Fidere. Sin embargo, no han logrado llegar a ningún acuerdo. "Se han cerrado en banda y solo están dispuestos a ir a juicio", explica Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid. "Saben que pueden ganarlo", añade.

Los inquilinos no viven en un único bloque, sino que hay casos por toda la Comunidad de Madrid. Getafe, Vallecas, Aranjuez, Torrejón... De hecho, es en este último municipio donde hay una familia a la que le exigen una subida del 100%. "Hasta ahora estaba pagando 600 euros al mes", asegura Racu. De aplicarse el incremento del alquiler, pasaría a tener que abonar 1.200 euros.

Ninguno de los afectados quiere marcharse de la que ha sido su casa hasta ahora, aunque tendrán que hacerlo si un juez así lo dictamine. Mientras, piden "la paralización inmediata de todos los procesos judiciales" y una "mesa de negociación colectiva". Quieren llegar a un acuerdo evitando tener que ser desahuciadas. También tratan de hacer ruido con protestas para llamar la atención y tratar de encontrar otras vías.

"El mensaje que queremos mandar a Blackstone es que estamos dispuestos a sentarnos para llegar a un acuerdo, porque sí se puede", indica Racu. "Ya lo hicimos hace dos años y lo podemos vovler a conseguir", continúa.

Desde Testa defienden que también están teniendo una actitud abierta a la negociación. "En caso de que la vivienda haya registrado algún tipo de protección pública en el pasado, tras la finalización de la misma, y una vez que entra en el mercado libre, nuestra voluntad es llegar a acuerdos con todos los inquilinos para que renueven sus contratos", explican.

Además de culpar al banco de inversión, desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos señalan a al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Consideran que si se aplicase la recién aprobada Ley de Vivienda, los arrendadores no podrían aplicar subidas tan drásticas de los precios y "evitaría que las familias tuviesen que enfrentarse a posibles desahucios". Defienden que la situación a la que se enfrentan actualmente las 48 familias afectadas sería ilegal según esa legislación.