Hay un viejo adagio en la política mundial que alerta de que no hay peor enemigo que los de tu propio partido. La coalición Sumar, liderada por Yolanda Díaz, ha nacido con fórceps y en un clima de desconfianza tal que la vicepresidenta ha recurrido a una cláusula en previsión de posibles escisiones y rebeliones en lo que será su grupo parlamentario tras los comicios del 23 de julio.

La condición es extensiva a toda la constelación de partidos y grupúsculos de extrema izquierda que se han arracimado en torno a la figura de Yolanda Díaz en Sumar, y su planteamiento es claro: el que abandone la coalición para pasarse al grupo mixto o intente formar otros grupos parlamentarios, será castigado donde en realidad más duele a cualquier partido político, del color que sea: el dinero.

El acuerdo, firmado a regañadientes entre Podemos y Sumar, contempla que la formación morada tiene derecho al 23% del dinero con el que se subvencionará al grupo parlamentario. Este dinero es el que se emplea en asesores y otras figuras para el funcionamiento de los partidos en el contexto del Congreso. Es decir, los cargos y los puestos a dedo.

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Así, Yolanda Díaz se ha cubierto las espaldas y si Podemos, que no ha disimulado su descontento con el acuerdo —no se resignan a tragarse el sapo de prescindir de Irene Montero—, decidiera salir de la coalición, perdería esos ingresos tan importantes.

Aunque Sumar ha dejado claro que estas cláusulas antitransfuguismo son de obligado cumplimiento para todos los miembros de la coalición, a nadie se le escapa que están principalmente planteadas para atar en corto a Podemos, aún incómodo en el nuevo escenario del espacio a la izquierda del PSOE, en el que ya no son fuerza predominante y en el que la voz cantante la lleva Yolanda Díaz y no Irene Montero y desde fuera del Parlamento, su marido, Pablo Iglesias.

Por otro lado, también sirven para bloquear cualquier intento de las fuerzas regionalistas de ultraizquierda de la coalición (sobre todo los valencianos de Compromís) de configurarse como grupo aparte si vinieran mal dadas en la próxima legislatura. 

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Además de estas cláusulas para garantizar que nadie hace movimientos sospechosos en el seno de lo que será el Grupo Parlamentario de Sumar, el documento ya registrado por la coalición liderada por Yolanda Díaz también deja negro sobre blanco otros detalles como el funcionamiento interno del grupo, las portavocías y la deliberación del voto.

El acuerdo también afecta a otros aspectos como la campaña electoral, donde la cúpula de Sumar tendrá la primera y última palabra y así evitar ocurrencias como las virales pero infructuosas lonas de Podemos en Madrid en la reciente campaña de las autonómicas y locales.

Pese a que de cara a sus militantes, Podemos sigue exigiendo la inclusión de su "principal activo político", es decir, Irene Montero, Sumar da por cerrado ese capítulo y ha dejado atados todos los cabos, sin que la formación morada tenga margen de maniobra más allá de los lamentos públicos que sus portavoces, oficiales y oficiosos, están lanzando tras lo que, como ellos mismos admiten, ha sido una humillación que no tenía otra alternativa que la muerte política, fuera del paraguas de Sumar.