Las previsiones se han cumplido. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto a su predecesora inmediata, Dolores Delgado, para la plaza de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, a pesar del rechazo de la mayoría del Consejo Fiscal: los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) -la mayoritaria en la carrera fiscal- y el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, se han negado a participar en la votación en señal de protesta.

Delgado ya ascendió a la máxima categoría de la carrera con la mayoría del Consejo Fiscal en contra, en septiembre de 2022. La negativa ahora de esos siete vocales a siquiera participar en la deliberación de este jueves va en línea con el malestar expresado por AF y APIF desde que García Ortiz adelantó el Pleno del 19 de junio a este jueves para garantizar esta propuesta de nombramiento.

De este modo, los únicos en votar sobre esta plaza de Delgado han sido los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las dos vocales natas: la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la inspectora jefe, María Antonia Sanz.

Tras conocerse la propuesta de nombramiento con la oposición de la mayoría del Consejo Fiscal, el PP ha exigido la dimisión inmediata de García Ortiz por lo que considera una "conducta muy grave" tras consumar el "dedazo" de Dolores Delgado.

Para los populares, la convocatoria del Consejo Fiscal para un nombramiento en vísperas de la celebración de unas elecciones generales es una decisión sin precedentes en democracia y ha criticado que, por segunda vez, el fiscal general del Estado haya beneficiado a "su amiga" Delgado para un puesto de estas características.

En su opinión, se trata de un "atropello en contra de la mayoría de la carrera fiscal" y una "falta de respeto a las instituciones", un "desprestigio del Ministerio Fiscal" y un "atentado contra el Estado de Derecho".

Delgado competía para este puesto con otros tres fiscales: Juan Calparsoro, de la Fiscalía de Guipúzcoa; Luis Ibáñez, de la Fiscalía Especial Antidroga; y Carlos Castresana, que ejerce en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, pero destacaba por cuando fue el candidato español a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional en 2021.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press aseguran que tres de los cuatro votos emitidos han ido a Delgado -uno de UPF y las dos vocales natas-, mientras que el otro voto de la asociación progresista ha sido para Calparsoro.

La Fiscalía General del Estado ha resaltado, en una nota informativa, la "extensa experiencia jurisdiccional" de Delgado "en la investigación y persecución de crímenes contra la Humanidad y violaciones de los Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional". En concreto, ha recordado que "fue la fiscal del primer juicio que se llevó a cabo en España por crímenes contra la Humanidad ('caso Scilingo')" y que "se encargó del 'caso Ruanda'".

Valora asimismo que, "como ministra de Justicia (2018-2020), creó la Dirección General de Memoria Histórica y atribuyó a la Dirección General de Cooperación Internacional competencias en materia de Derechos Humanos".

Tensión en el Consejo Fiscal

El fiscal general no está atado por la voluntad del Consejo Fiscal, ya que en materia de nombramientos discrecionales opera como un órgano consultivo, teniendo García Ortiz la última palabra. Además, lo acordado este jueves no se formalizará hasta que el Gobierno proceda efectivamente a la designación de los candidatos seleccionados.

Desde el Consejo Fiscal daban por hecho que Delgado conseguiría el cargo porque desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática por la que se creó esa plaza, primero fue la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado la que asumió las funciones de forma interina y, después, la propia Delgado, por orden de García Ortiz, al considerar que tenía un amplio conocimiento en la materia.

Los vocales de AF y APIF pidieron a García Ortiz que suspendiera el Pleno del Consejo Fiscal ante la posibilidad de que tras el 23 de julio haya nuevo Gobierno y nuevo fiscal general. De no acceder a ello, APIF propuso como alternativa que al menos se abstuviera de realizar dicho nombramiento, dadas las "relaciones personales y profesionales" con Delgado. Sobre esto, Viada detalló que García Ortiz ascendió a la cúpula fiscal de la mano de la también exministra de Justicia.

El fiscal general respondió a través de un boletín interno (Infofiscalía) aclarando que no suspendería el Pleno al estimar que "no existen razones" que lo justifiquen porque la celebración del mismo en este momento "no constituye una decisión novedosa, sino que mantiene el criterio histórico". En este sentido, citó dos precedentes: los nombramientos discrecionales propuestos por las ex fiscales generales María José Segarra y Consuelo Madrigal.

Ésta última le exigió rectificar, al considerar que se trataba de situaciones "radicalmente distintas", recabando el apoyo de la AF y APIF. En vísperas del Pleno, la asociación mayoritaria llegó a pedir la dimisión de García Ortiz por la "burda maniobra" respecto a Delgado y el "descrédito" a Madrigal.

Estas tensiones se han reflejado en el Pleno también por parte de Delgado. La que fuera jefa del Ministerio Público ha recusado a Viada alegando que tiene una "notoria animadversión" hacia su persona que compromete "seriamente" su "imparcialidad y objetividad" para formar parte del procedimiento de provisión de destino respecto a este puesto.

"A lo largo de los años 2020 y 2023 ha realizado múltiples manifestaciones difamatorias sobre mi persona en redes sociales, prensa y distintos medios audiovisuales en términos que han excedido de la crítica profesional, social o de cualquier otra índole que pudiera considerarse admisible en un Estado social y democrático de Derecho", sostiene Delgado en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

Nuevo fiscal contra delitos de odio

Al margen de la plaza adjudicada a Delegado, el Consejo Fiscal ha analizado este jueves otras ocho propuestas de nombramiento. Destaca la de fiscal de Sala contra delitos de odio y la discriminación, que ha conseguido Miguel Ángel Aguilar, de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

García Ortiz también ha propuesto a Rosa María Frías como fiscal antidroga; Javier Ariche, como teniente fiscal de la Fiscalía de Cataluña; Jaime Goyena, como fiscal superior de la Fiscalía de Navarra; y Julio Cano, como fiscal superior de Islas Baleares; y Rocío de la Paz Rojo, Soledad Martín y Pablo Varela, como jefes de las fiscalías de Guadalajara, Valladolid y Pontevedra, respectivamente.