No todo vale en la guerra... en teoría. Pero lo cierto es que alguien ha volado la presa de Kajovka, lo que ha puesto en alerta máxima a todo el sur de la región de Jersón ante el riesgo de inundación de numerosas localidades situadas en la cuenca baja del Dniéper, el principal río de Ucrania. Es un desastre ecológico y humanitario.
Se trata de un enclave estratégico para Ucrania y Rusia en plena línea de frente. Kiev acusa a Moscú de "terrorismo" por destruir la presa, pero el Kremlin rechaza la autoría del ataque y señala a "un acto de sabotaje deliberado" por parte de los ucranianos.
La voladura de la presa de Kajovka muestra los teóricos límites de cualquier conflicto armado. Precisamente por eso, porque debe haber límites, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece disposiciones para la protección general de la población civil, pero también de sus bienes y objetos. Así, prohíbe los ataques, las represalias u otros actos de violencia contra dichos bienes.
Por eso, ante la destrucción de la presa ucraniana, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha recordado que "las presas tienen una protección especial". Asegura esta organización que estamos ante "uno de los daños más significativos contra infraestructuras civiles desde febrero de 2022" (fecha del inicio de la invasión rusa de Ucrania).
Convenios de derecho humanitario
Esta protección específica está a veces vinculada al hecho de que los objetos en cuestión llevan un emblema distintivo que está protegido por el derecho humanitario. Como recuerda Médicos sin Fronteras, esta protección está cubierta por las disposiciones de los convenios de derecho humanitario aplicables a los conflictos armados internacionales y no internacionales.
El estudio sobre las normas del DIH consuetudinario fue publicado por el CICR en 2005. Ese estudio reconoce que estas normas son igualmente vinculantes en los conflictos armados internacionales o no (salvo raras excepciones). "Así pues, estas normas son vinculantes para todas las partes en conflicto, incluso para aquellas que no han firmado o no pueden firmar los convenios, como los grupos armados no estatales", asegura la ONG médica.
Se debe tener especial cuidado si se atacan obras e instalaciones que contengan [...] presas, diques y centrales eléctricas nucleares [...] para evitar la liberación de fuerzas peligrosas y las consiguientes pérdidas graves entre la población civil"
Dentro de las disposiciones del DIH está la regla 42, que es la de aplicación para un caso como el de la presa de Kajovka. Esta norma especifica que "se debe tener especial cuidado si se atacan obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, a saber, presas, diques y centrales eléctricas nucleares, y otras instalaciones situadas en ellas o en sus proximidades, a fin de evitar la liberación de fuerzas peligrosas y las consiguientes pérdidas graves entre la población civil".
Esa protección sólo desaparece si las instalaciones en cuestión sirven para fines militares o si en sus inmediaciones hay objetivos militares. La norma 42 es aplicable a todo tipo de conflicto armado.
En 1977 se añadieron a los Convenios de Ginebra de 1949 una serie de protocolos Adicionales que advierten de que "lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas a sabiendas de que dicho ataque causará una pérdida excesiva de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil" supone una violación grave del Derecho Internacional.
Crimen de guerra
El Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) se adoptó el 17 de julio de 1998 y entró en vigor el 1 de julio de 2002. En su artículo 8 se definen los crímenes de guerra sobre los que la Corte tiene competencia. Tanto si se cometen durante un conflicto armado internacional como interno, estos crímenes de guerra incluyen:
- Dirigir deliberadamente ataques contra instalaciones, material, unidades o vehículos que participen en una misión de asistencia humanitaria o de mantenimiento de la paz, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a las personas civiles o a los bienes de carácter civil en virtud del derecho internacional de los conflictos armados.
- Dirigir deliberadamente ataques contra instalaciones y material médico.
- Lanzar ataques a sabiendas de que pueden causar daños generalizados, duraderos y graves al entorno natural, y de que serían claramente excesivos en relación con la ventaja militar global concreta y directa prevista.
- Atacar o bombardear ciudades, pueblos, viviendas o edificios que no estén defendidos y no sean objetivos militares.
- Dirigir intencionadamente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, el arte, la ciencia o fines benéficos, así como monumentos históricos, hospitales y lugares donde se reúna a enfermos y heridos, siempre que dichos edificios no se utilicen con fines militares.
La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya no ha valorado aún la voladura de la presa de Kajovka, pero tiene abierta una investigación sobre la situación en Ucrania. Esta corte ya ha dictado dos órdenes de arresto por la deportación forzada de niños ucranianos, una de ellas dirigida contra el propio Vladimir Putin.
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