La Audiencia Nacional ha condenado a 20 años de cárcel a la que fuera dirigente de ETA Carmen Guisasola por el asesinato del policía Ignacio Pérez Álvarez. Este fue cometido en Galdácano (Vizcaya), el 30 de abril de 1990, mediante la explosión de una bicicleta-bomba. En cambio ha absuelto a los otros dos etarras enjuiciados, Óscar Abad Palacios y José Ramón Martínez.
Esta sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal llega después de que el Tribunal Supremo ordenara repetir el juicio al considerar que los hechos no estaban prescritos Así lo había establecido la Audiencia Nacional para absolverles en primera instancia.
El Supremo obligaba además a que fuera otro tribunal el que juzgara, y ahora, con esa nueva Sala, la Audiencia Nacional condena a Guisasola a la pena de 20 años y 1 día. Guisasola es considerada como cooperadora de un delito de asesinato con finalidad terrorista y al pago de diferentes cantidades a los 60 perjudicados por los daños causados por la explosión del artefacto.
Acuerda asimismo la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas puesto que los hechos sucedieron hace más de 33 años y la reapertura del procedimiento se produjo hace una década.
El comando Vizcaya
La sentencia de 91 páginas, ponencia del magistrado José Pedro Vázquez, señala que, tras analizar la prueba practicada en la vista oral, consideran probado que Guisasola resolvió acabar con la vida del agente, "como acción de la organización terrorista ETA, a la que pertenecía, encuadrada en el comando Vizcaya".
Añade que para la comisión del atentado eligió el método del artefacto explosivo, del que disponía en un piso de Bilbao y se lo entregó a otro u otros integrantes de la organización terrorista para que lo colocaran y activaran a distancia.
El tribunal detalla en su resolución los siete indicios que le llevan a considerar a la acusada como culpable: que la época de los hechos era miembro de ETA, que la banda se atribuyó la autoría de la acción, que siguió el modus operandi de otras acciones terroristas, así como que la propia acusada proyectaba atentados para acabar con la vida de militares y miembros de las fuerzas de seguridad, como ocurrió en este caso.
Además, apunta que la acusada dominaba la vivienda de Bilbao en los meses anteriores y posteriores a los hechos -en su interior se encontró su huella dactilar- y que en ese inmueble, dos meses después del atentado, se hallaron materiales con los que se podía fabricar el artefacto explosivo utilizado.
"El tribunal no puede creer que todos los hechos de los que hay prueba directa o indiciaria y que se han dejado expresados se deban a la casualidad y se siente en la convicción de que la acusada intervino decisiva y determinantemente en la acción mortal de Galdácano, más allá de toda duda razonable, mediante la fabricación del artefacto explosivo que acabó con la vida de don Ignacio", argumentan.
Lo hizo, agregan, "a sabiendas del destino de dicho artefacto y mediante el traspaso del mismo, ya fabricado, a otra persona, para que esta lo instalara en el lugar óptimo para conseguir acabar con la vida del meritado policía".
La Sala absuelve por el contrario a los otros dos acusados de estos hechos, Óscar Abad Palacios y José Ramón Martínez, al considerar que no se pueden utilizar las declaraciones policiales autoinculpatorias al no contar con prueba de cargo que acredite su participación en la acción terrorista.
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