Antes de que llegue el año y cuando todavía no ha habido olas de calor, en 2023 ya ha habido dos grandes incendios forestales -de más de 500 hectáreas- y otros 2.408 fuegos en lo que se han quemado 41.000 hectáreas. Las previsiones de altas temperaturas y ausencia de lluvias apuntan al elevado riesgo de incendios en los próximos meses y en este escenario la Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido a los fiscales especializados en esta área que extremen los controles para asegurar que ayuntamientos y comunidades cuentan con planes de prevención y que vertederos, gestores de líneas eléctricas y de ferrocarril y empresas dedicadas a actividades recreativas o campamentos infantiles y juveniles en zonas de alto riesgo de incendio toman también medidas de precaución sin la que, recuerda, pueden ser sancionados.

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El fiscal coordinador de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, Antonio Vercher, recuerda en su oficio a los fiscales especializados por toda España de las obligaciones que tienen las distintas administraciones y empresas con actividad en zonas de alto riesgo de incendios. Para recabar estos datos colaborarán con el Seprona, de quien reconoce la "excelente actuación" de todos los años, y también con los agentes forestales y con policías locales. El objetivo, indica, es que "los fiscales dispongan de información precisa y adecuada sobre las previsiones de incendios, para que puedan hacerse una composición de tiempo y lugar sobre los mismos, a efectos procedentes de coordinación y actuación con las autoridades instituciones competentes".

Planes municipales

En primer lugar, los fiscales vigilarán que los ayuntamientos en cuyo término municipal exista superficie forestal tengan Planes de Prevención de Incendios, que deben a su vez estar coordinados con los criterios de los planes de prevención, vigilancia y extinción que deben aprobar las comunidades autónomas para el conjunto de su territorio. Para ello, la Fiscalía recuerda que el Ministerio de Transición Ecológica ya ha remitido a los gobiernos autonómico "directrices y criterios comunes" para elaborarlos.

Además, los fiscales trabajarán teniendo en cuenta la planificación para la prevención de incendios con la información actualizada sobre el riesgo que publica en su web la Agencia Estatal de Meteorología y que ya utilizan los agentes forestales.

El fiscal de Medio Ambiente incide en algo que eleva el riesgo, tanto de que se declare un incendio como que de se propague, la acumulación de restos vegetales en el monte, que puede ser combustible para avivar el fuego. Para evitarlo, sin embargo, el Vercher recuerda a los fiscales que la quema de estos residuos solo podrá llevarse a cabo cuando cuente con autorización de la comunidad autónoma y siempre que no haya alternativas para evitar la propagación de plagas o para evitar los incendios. "Esta disposición normativa habrá de ser tenida especialmente en cuenta por las señoras y señores fiscales, dado que, como es sabido, un importantísimo número de incendios forestales que dan lugar a procedimientos penales en nuestro país se produce como consecuencia de este tipo de prácticas", dice en su instrucción. 

Vertederos y campamentos

Por lo que respecta al sector privado, los fiscales deberán extremar los controles sobre actividades como el control de vertederos, líneas eléctricas y de ferrocarril, zonas recreativas y también campamentos infantiles y juveniles, siempre que se encuentren en "puntos con alto riesgo de incendio forestal" detectados por el Seprona, agentes forestales y policías locales.

Los fiscales deberán actuar en colaboración con las administraciones competentes, haciendo saber a los promotores de estas actividades que se ubican en un punto con alto riesgo de incendio forestal y que deberán adoptar medidas para evitarlos. 

Devastador 2022

Con esta circular, el fiscal de Medio Ambiente insta a los fiscales de este área a que extremen la vigilancia para intentar evitar un año como 2022, que la Fiscalía califica como "uno de los peores desde que se tiene registro a los efectos de incendios forestales". 

El año pasado, la superficie forestal afectada casi triplicó la media de los últimos 10 años, con 10.503 incendios, un número de sucesos menor que otros años pero de mayor magnitud. En 2022, hubo 57 grandes incendios -los que afectan a más de 500 hectáreas-, cuando en la media en los últimos 10 años había sido de 21.