Ferrovial informó este viernes de que, una vez finalizado el periodo para la comunicación por parte de los accionistas que se negaron al traslado a Países Bajos de su deseo de ejercer el derecho de separación, no le consta que "ninguno lo haya ejercido", por lo que podrá consumar la operación.

Según trasladaron fuentes de Ferrovial, la compañía debe esperar al miércoles para dar por cerrado el trámite formalmente, ya que el procedimiento establece un plazo de cuatro días para que los custodios terminen de corroborar la información. No obstante, advierte de que no prevé cambios. A la compañía de infraestructuras tampoco le consta que ningún acreedor haya ejercido su derecho de oposición.

Era el último trámite para que la compañía presidida por Rafael del Pino pudiera llevar adelante la operación anunciada a finales de febrero y que tanta oposición despertó por parte del Gobierno.

El plan de abordar una fusión inversa con su filial internacional y trasladar la sede social a los Países Bajos fue refrendada en la junta general de accionistas del pasado 13 de abril con un apoyo del 93,3% de los inversores, mientras que un 5,79% votaron en contra.

Ferrovial se había comprometido a abortar la operación si la cantidad que hubiera tenido que pagar a los accionistas que ejerciesen el derecho de separación tras mostrarse en contra de la operación hubiera excedido los 500 millones de euros, lo que suponía en torno al 2,64% del capital social. La compañía preveía comprar a 26 euros la acción las participaciones.

Según el cronograma de la compañía, se espera que la fusión anunciada el pasado 28 de febrero se haga efectiva a principios del segundo semestre. A continuación, se cancelará el asiento registral de Ferrovial en el Registro Mercantil y posteriormente el objetivo es que se admitan a negociación las acciones de la nueva matriz en la bolsa neerlandesa para, a final de año, conseguir cotizar en Estados Unidos.