Su piso está vacío, pero Isabel no puede abrir la puerta para entrar en él porque su inquilino moroso, que le debe más de 6.000 euros, no le ha devuelto las llaves. Puede parecer una broma, pero la ley le impide recuperar su piso hasta que el inquilino haya firmado su renuncia o lo dictamine un juez. Y, de momento, ni el juez se ha pronunciado ni su inquilino da señales de vida: se ha marchado sin decir nada, dejando diez mensualidades de 600 euros sin pagar.

"Los vecinos me han dicho que se ha ido, que hace días que no hay movimiento en el piso, pero no me ha entregado las llaves, con lo cual judicialmente no podemos hacer nada. No puedo entrar ni puedo hacer absolutamente nada hasta que el juez decida", afirma la prima de Isabel, Loli, quien está librando la batalla legal para recuperar el piso ante la incapacidad de su prima, que tiene 83 años y está ingresada en una residencia.

"Hasta que no haya un documento en el que reconozca que deja el piso o entregue las llaves, no se puede entrar porque no hay ninguna circunstancia objetiva de que se haya marchado. No sirve de nada presuponer que se ha ido porque en el juzgado solo sirven hechos objetivos y que se puedan acreditar", confirma su abogado, Luisma, quien advierte que si Loli abre la puerta por las bravas se expondría a una posible demanda por parte del inquilino moroso: "Entrar en la vivienda sin el consentimiento o el permiso expreso del inquilino puede conllevar una demanda por coacciones".

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El piso que Isabel y Loli intentan recuperar se encuentra en la localidad vizcaína de Sestao y desde hace ocho años estaba alquilado a tres inquilinos. Cuando en marzo del año pasado les comunicaron que tenían que dejar la vivienda, dos de ellos se fueron, pero el tercero, de origen senegalés, se negó a marcharse y se convirtió en un 'inquiokupa'.

"Mandamos un burofax diciendo que tenían que dejar la casa en septiembre, así que les dimos un margen de tiempo razonable, pero uno de ellos dijo que no se marchaba y que iríamos a juicio. En julio del año pasado dejó de pagar y desde entonces no nos ha pagado nada", explica Loli, quien además denuncia que ese 'inquiokupa' ha estado "realquilando habitaciones del piso a otras personas durante varios meses".

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 "Todo esto le ha acarreado una demencia a mi prima, que antes era una persona totalmente válida y ahora no puede valerse por sí misma. Está en una residencia en Palencia, que nos cuesta 1.500 euros, y necesitamos vender este piso para poder pagarla", se lamenta Loli, que es la familiar más cercana de Isabel, soltera y sin hijos: "Es como una hermana para mí, hasta que ingresó en la residencia vivía conmigo y mis hijos en mi piso de Santurce".

Isabel tiene una pensión de 1.000 euros que no le llega para cubrir el coste de la residencia, del que se está haciendo cargo Loli a pesar de su precaria situación económica, ya que está cobrando la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el equivalente al Ingreso Mínimo Vital en el País Vasco. "Encima me tengo que hacer cargo de los gastos de comunidad y del seguro de la casa de Isabel, así que ya te puedes hacer una idea de cómo estamos económicamente. Esto es una ruina. Necesitamos el dinero, necesitamos vender ese piso", afirma.

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Harta de esta situación y de la lentitud de la justicia, Loli ha decidido tomar cartas en el asunto y todos los días, entre las 10.00 y las 14.00 horas, se sienta frente al portal del piso de su prima con una pancarta para exigir que se lo devuelvan. "Voy a ir todos los días hasta que me devuelva las llaves o el juez decida que esta casa es nuestra", subraya Loli, quien cuenta con el apoyo de los vecinos del bloque: "Todos nos apoyan totalmente, siempre hay alguna vecina que me trae un café o algo para comer cuando me ven aquí sentada delante del edificio". También ha denunciado su caso en la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

El juicio estaba fijado para este martes en los juzgados de Barakaldo, pero ha sido suspendido y Loli está a la espera de una nueva fecha. También hay fijada una fecha de desahucio, el 17 de julio, aunque tampoco es definitiva. "Cuando se fija la fecha de juicio se establece también una fecha de desahucio para acelerar un poco los tiempos judiciales, pero no es una fecha inamovible y se puede suspender por cualquier causa, por ejemplo si el inquilino es declarado vulnerable", explica el letrado.