Se conoce como inquiokupación cuando una persona que tiene pensado usurpar una vivienda, firma un contrato de arrendamiento y, tras el primer o segundo mes, deja de pagar la renta, sin abandonar el inmueble en ningún momento, convirtiéndose así en okupa de la propiedad.

Este problema se ha acentuado con la pandemia de coronavirus. El decreto del Ejecutivo prohibió entonces los desalojos de las familias vulnerables y muchos inquilinos se agarraron a esta norma para no pagar más sus alquileres.

Algunos de los perjudicados llevan cuatro años con sus viviendas okupadas de facto, sin que los tribunales desalojen a sus inquilinos. Ni siquiera figuran en las estadísticas de ocupación porque legalmente lo que sufren es un impago.

Cuándo se podrá desalojar a un inquilino según la nueva ley de vivienda

La Plataforma de Afectados por la Ocupación cifra el problema en 80.000 inquiokupaciones y creen que la nueva ley de vivienda del Gobierno, que prolonga los plazos de desalojo en caso de familias vulnerables, provocará el incremento de esta cifra.

La Agencia Negociadora del Alquiler que los principales afectados serán los propios inquilinos porque las condiciones de alquiler se van a endurecer para tratar de evitar el perfil de las familias vulnerables, a las que les va a costar mucho más trabajo encontrar vivienda.

Los testimonios son claros: "Tengo la casa okupada desde hace tres años", dice un afectado. "En el momento que empezó la pandemia y entró el decreto del Gobierno dejaron de pagar", dice el afectado, cuya hermana añade que "un particular no se tiene que hacer cargo de una familia vulnerable". 

"No me pagan y no puedo entrar", dice otra mujer afectada". "La casa era una seguridad para nosotros, nos están tomando el pelo", añade.

"Yo entiendo que me deje de pagar, dos meses tres meses, pero cuatro años...", dice otra afectada, que afirma sentir "frustración, rabia, dolor..."