El problema de la okupación en España sigue vigente, que pone en auge algunas formas de apropiación indebida e ilegal de las viviendas más desconocidas, como es el caso de la inquiokupación, que conlleva un gran gasto de tiempo y dinero para los propietarios, que ven usurpadas sus casas. 

La inquiokupación hace referencia a dos términos: inquilino y okupación. Esta diferenciación ya forma una idea de en qué consiste esta forma de ocupar ilegalmente las viviendas.

En qué consiste la inquiokupación

Básicamente, la inquiokupación se produce cuando una persona que tiene pensado usurpar una vivienda, firma un contrato de arrendamiento y, tras el primer o segundo mes, deja de pagar la renta, sin abandonar el inmueble en ningún momento, convirtiéndose así en okupa de la propiedad.

Esta forma de okupacion es muy difícil de diferenciar, sobre todo en el ámbito legal, de aquellos inquilinos que no tienen intención de okupar una vivienda, sino que no pueden hacer frente a la renta mensual y dejan de pagar durante tiempo indefinido. 

La principal diferencia, es que, actualmente, existen personas que buscan directamente una vivienda en alquiler con el único fin de ocuparla. Sin embargo, en lugar de usar la fuerza para entrar, lo que hacen es alquilarla legalmente y, después, dejar de pagar de manera intencionada. 

¿Cómo detectar un caso de inquiokupación?

Entre las señales que pueden hacer saltar las alarmas sobre un inquilino que está pensando en ocupar la vivienda, se encuentran las siguientes, tal y como indican desde Abc Inmobiliaria:

Trámites para los afectados por la inquiokupación

La Plataforma de Afectados por la Ocupación pide medidas contra la inquiokupación y, además, han elaborado un vídeo contando un caso real de esta forma de ocupación ilegal, dejando claro la lentitud del proceso y los trámites necesarios para echar a los okupas. 

Entre esos trámites, los propietarios tuvieron que esperar cinco meses desde que pusieron la denuncia contra los inquiokupas para realizar la notificación formal a domicilio a los habitantes de la casa y, de este modo, que la denuncia quedara aceptada de forma oficial. 

Tras este primer logro, los inquiokupas consiguieron en tan solo dos días paralizar el proceso de denuncia porque solicitaron justicia gratuita. De este modo, ni el juicio ni el desahucio se lleva a cabo en las fechas previstas.

El abogado de los inquiokupas afirma que sí que se han pagado todas las rentas de la casa al propietario, una estrategia para alargar más el proceso judicial. Aun así, el juzgado admite la denuncia y se fija una nueva fecha de juicio y desahucio, pero el inquiokupa afirma estar en situación de vulnerabilidad, los servicios sociales deben buscarles otra vivienda en la Comunidad de Madrid, algo que puede demorar el proceso otro año más.

Así, tal y como se indica en el vídeo, desde que se puso la primera denuncia han pasado ya 12 meses, en los que los okupas deben ya 15.000 euros a los propietarios, mientras que estos siguen asumiendo los gatos fijos, como la comunidad, el seguro de vivienda o e IBI, entre otros.