La nueva ley de vivienda que ha llegado al Congreso este mismo jueves contempla varios puntos en referencia a la inquiokupación, es decir, al problema que supone para los propietarios el hecho de que los inquilinos dejen de pagar la renta acordada.
En concreto, el debate pone el foco en la problemática de los impagos, tratando de mediar entre el desalojo de los inquilinos y la protección de las personas en vulnerabilidad económica.
Es ese punto específico el que se regula en la disposición final quintal del todavía anteproyecto de ley que se debate en el Congreso. En la norma se estable una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el objetivo de regular "el procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad".
¿Qué dice la ley sobre los desalojos?
En primer lugar, destaca en la ley la idea de proteger a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, de tal modo que, en dicha situación y para que los propietarios puedan iniciar el desalojo, deberán garantizar que no son grandes tenedores.
Por otro lado, los propietarios deberán justificar en la demanda de desahucio si la vivienda es el domicilio habitual o no del okupa, mientras que se exige detallar la fecha y la hora del lanzamiento para llevarlo a cabo.
En base a esto, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, considera que, con la nueva ley, los propietarios que quieran recuperar su vivienda debido a los continuos impagos tendrán que hacer frente a una mayor inestabilidad jurídica.
"Si ya actualmente están suspendidos los desahucios y lanzamientos hasta el 30 de junio, la nueva ley pretende que se puedan prorrogar hasta los dos años en el caso de los inquilinos vulnerables", asegura.
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