Tras casi dos semanas desde que ERC y Bildu anunciaron el acuerdo con el Gobierno sobre la ley de Vivienda, la norma llega este jueves al Congreso envuelta en una nueva polémica, en esta ocasión a cuenta de las okupaciones. El PP, Vox y Ciudadanos han acusado en los últimos días al Ejecutivo de dificultar con su texto que los propietarios logren expulsar a estas personas y recuperar el domicilio, un proceso que puede prolongarse durante dos años, de acuerdo con la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

La controversia es, desde hace días, una constante. Este mismo miércoles, la secretaria general del PP y portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra, acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "blindar a los okupas"; algo con lo que coincide Ciudadanos. Apenas un par de días antes, su compañero de partido y portavoz de campaña, Borja Sémper, calificaba de "chollo" y "oportunidad fantástica" para estos 'inquilinos' la ley de vivienda. 

"Protege a los okupas en lugar de a los legítimos propietarios", aseguró el lunes el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, en la misma línea. Ante estas acusaciones, el PSOE se defiende y afirma que no son sino "bulos y mentiras" usadas como "material para la campaña electoral". Lo dice mientras saca pecho de la "primera ley de vivienda de la democracia" pensada, no para asustar a la sociedad, sino para que la gente "con un problema" pueda "acceder a la vivienda en condiciones dignas y a precios asequibles".

¿Qué dice la ley sobre la okupación?

Una de los aspectos principales de la ley relacionados con la okupación es la disposición final quinta, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir "mejoras en la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad". En este sentido, la nueva norma exige detallar fecha y hora del lanzamiento para llevarlo a cabo.

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Además, para que los propietarios puedan iniciar el desalojo, deberán garantizar que no son grandes tenedores y justificar en la demanda de desahucio si la vivienda es el domicilio habitual o no del okupa. Estos requisitos se incluirán en la Ley de Enjuiciamiento Civil gracias a una enmienda transaccional firmada por el Gobierno con ERC, Más País, Compromís, la CUP, el BNG y el PDeCAT.

En el supuesto de que el dueño sea un gran tenedor, "las exigencias se agudizan más porque será necesario que acrediten la situación económica del okupante para discernir si se trata de personas en situación de vulnerabilidad".

Plazos de hasta dos años

A la vista de estos requisitos, el director general de la ANA, José Ramón Zurdo, considera que la inestabilidad jurídica aumentará a la hora de que un arrendador tenga que recuperar su vivienda por un impago de su inquilino. "Si ya actualmente están suspendidos los desahucios y lanzamientos hasta el 30 de junio, la nueva ley pretende que se puedan prorrogar hasta los dos años en el caso de los inquilinos vulnerables", asegura.

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"La inseguridad jurídica será absoluta y apartará a muchos arrendadores e inversores del mercado del alquiler", opina, y señala que los procedimientos para desalojar a los okupas serán "más lentos, con mayores trámites y más costes para los arrendadores" a causa de la nueva ley.