Susy Martí tiene 64 años, está jubilada y cobra una pensión de viudedad de 627 euros, pero desde hace 27 meses no puede entrar en su casa de Alfafar (Valencia) porque está okupada por una inquilina morosa: Susy es víctima de la 'inquiokupación', un fenómeno que las estadísticas oficiales no consideran como okupación, pero que, según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, supone el 70% de los casos en España.

"Tengo a una persona metida en mi casa desde hace 27 meses sin ninguna intención de irse hasta que haya una orden judicial y ya no puedo más, yo también soy vulnerable y no puedo con tanto gasto", se lamenta Susy, que este martes ha pasado a la acción y ha protestado frente al Ayuntamiento de Alfafar, con pancartas y una camiseta de presidiaria. "Voy a seguir protestando hasta que recupere mi casa porque la justicia no hace su trabajo", advierte, recordando que la deuda de su inquilina "ya asciende a 13.000 euros".

Yo también soy vulnerable porque ese alquiler era para completar mi pensión de 627 euros y no puedo con tanto gasto"

El problema de Susy empezó cuando decidió irse a vivir con su padre a su apartamento de la playa y decidió alquilar su piso de Alfafar. "Mi madre acababa de morir y tuve que hacerme cargo de mi padre. Nos fuimos al apartamento porque él estaba más a gusto allí por un tema de movilidad, ya que tenía rampa para minusválidos y mi piso era un tercero sin ascensor", relata.

Pero la inquilina que alquiló su piso no tardó en dejar de pagar la renta de 480 euros mensuales: "Esa persona entró con un contrato de alquiler con un señor y estuvieron pagando durante un año, un poco mal y tarde, pero iban pagando hasta que en marzo de 2021 dijeron que ya no pagaban más y así seguimos hasta la fecha. El señor al final se desvinculó y se fue del piso, así que ahora ella está viviendo sola en mi casa".

CEDIDA

Afortunadamente, Susy tenía un seguro frente al impago del alquiler, que se hizo cargo de las mensualidades durante un año, pero desde entonces no ha visto ni un euro: "Yo pensaba, ingenua de mí, que en un año podría recuperar mi vivienda y que a mi inquilina le darían una alternativa habitacional, pero estamos igual que al principio".

"Yo no soy ningún gran propietario ni nada por el estilo, solo tengo un piso y un apartamento en la playa, como mucha gente de este país. Ese alquiler era para completar mi pensión de 627 euros y todo esto ya está afectando a mi salud física y psicológica, tengo que tomar ansiolíticos", añade.

La inquilina fue declarada persona vulnerable

Las denuncias de Susy parecieron surtir efecto cuando en mayo de 2021 se programó un desahucio, pero su inquilina fue declarada entonces vulnerable y se paralizó el lanzamiento. "Ella tiene una discapacidad del 91%, pero vive sola en mi casa que es un tercero sin ascensor y sube las escaleras. Ni siquiera ha pedido ayuda asistencial a los Servicios Sociales. Además, conduce y sale a la calle todos los días. Yo no voy en contra de los médicos ni de quien le haya dado ese grado de discapacidad, pero me sorprende muchísimo", afirma.

Es esa declaración de vulnerabilidad la que impide que Susy pueda recuperar su casa porque el Real Decreto 11/2020 prohíbe desahuciar a personas vulnerables sin ofrecerles una alternativa habitacional. "El Gobierno sacó una norma muy bonita que obliga a los Servicios Sociales de cada Ayuntamiento a poner a disposición del inquilino vulnerable una vivienda o a hacerse cargo de su alquiler, pero como en España somos un país pobre y hacemos las cosas como las hacemos, lo que ocurre es que en el 95% de los casos en los que se declara la vulnerabilidad de los inquilinos, quien se hace cargo de ellos es el propietario y no la administración", explica Vicente, abogado de Susy.

Ricardo Bravo, portavoz de los afectados por la okupación: "Es un problema mucho más grave del que reflejan las cifras oficiales"

"Al final el inquilino sigue viviendo en la vivienda sin pagar nada, ni luz ni agua ni nada, porque todo lo cubre el arrendador. Hasta que los Servicios Sociales no se hagan cargo del asunto, no podemos hacer nada", añade. 

Susy cuenta que los Servicios Sociales de Alfafar "no han hecho nada en todo este tiempo" hasta que "hace dos o tres semanas" le comunicaron que ya habían encontrado una alternativa habitacional para su inquilina, aunque de momento sigue sin marcharse de su piso: "En Servicios Sociales me dicen que no pueden ponerse en contacto con ella porque no les coge el teléfono".

"Ella dice que no se va de ahí hasta que le llegue una orden judicial. El que vivía con ella le paga la luz, porque no se la puede cortar, y a mí no me paga el alquiler, así que todo lo que cobra es limpio para hacer lo que quiera. Y tiene una pensión parecida a la mía", dice Susy.

Cedida

Vicente también resalta que hace cuatro meses solicitaron que Susy sea declarada persona vulnerable, pero todavía no han recibido ninguna respuesta: "A su inquilina sí que le otorgaron la vulnerabilidad enseguida, pero nosotros llevamos ya varios meses esperando".

Este periódico ha contactado con la defensa de la inquilina de Susy y con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alfafar, pero no han querido realizar ninguna declaración.