Un dispositivo de varias decenas de policías nacionales ha desalojado este miércoles unas 60 viviendas 'okupadas' en un edificio de la calle Joan Miró, de Puertollano (Ciudad Real), según han informado a EFE fuentes policiales.

En el dispositivo, que se ha desarrollado con normalidad y sin detenidos, han participado agentes de las Unidades de Intervención Policial de Madrid, los conocidos como 'antidisturbios', y efectivos de la Brigada de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial de Puertollano.

Se ha conseguido así desalojar las viviendas que aún seguían 'okupadas' tras años de conflictos, y que estaban generando problemas de suciedad y de seguridad en un edificio que es responsabilidad de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman).

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El edificio tiene 82 viviendas y para conseguir el desalojo total de las viviendas 'okupadas' se han sucedido varias operaciones policiales a instancias de los tres juzgados de instrucción de Puertollano.

Testimonios sobre la 'okupación'

Este desalojo se ha producido tras varias semanas de preocupación por el tema 'okupa'. 20minutos ha hablado con Ricardo Bravo, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, que asegura que los datos oficiales del Gobierno minusvaloran el problema real de la 'okupación' en España.

"Es un problema mucho más grave del que reflejan las cifras. El Ministerio del Interior solo recoge las denuncias por usurpación o allanamiento de morada, pero no tiene en cuenta otra forma de okupación que llevamos años denunciando, la 'inquiokupación', aquel que entra a una vivienda con un contrato y deja de pagar voluntariamente", apunta Bravo.

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Precisamente de la 'inquiokupación' ha hablado, también para este medio, Susy Martí, una mujer que lleva siendo víctima de esta forma de 'okupacion' desde hace más de dos años.

Su problema empezó cuando decidió irse a vivir con su padre a su apartamento de la playa y decidió alquilar su piso de Alfafar: "Esa persona entró con un contrato de alquiler con un señor y estuvieron pagando durante un año, un poco mal y tarde, hasta que en marzo de 2021 dijeron que ya no pagaban más y así seguimos hasta la fecha. El señor al final se desvinculó y se fue del piso, así que ahora ella está viviendo sola en mi casa".

Las denuncias de Susy parecieron surtir efecto cuando en mayo de 2021 se programó un desahucio, pero su inquilina fue declarada entonces vulnerable y se paralizó el lanzamiento. "En España lo que ocurre es que en el 95% de los casos en los que se declara la vulnerabilidad de los inquilinos, quien se hace cargo de ellos es el propietario y no la administración", declaró.