El Ministerio del Interior refleja que en 2022 hubo 16.726 denuncias por okupación ilegal en España (un 3,2% menos que el año anterior) y los partidos de izquierda afirman que es un problema residual en España. ¿Se está creando alarma social o es realmente un problema más grave del que reflejan las estadísticas?Es un problema mucho más grave del que reflejan las cifras. El Ministerio del Interior solo recoge las denuncias por usurpación o allanamiento de morada, pero no tiene en cuenta otra forma de okupación que llevamos años denunciando, la 'inquiokupación', aquel que entra a una vivienda con un contrato y deja de pagar voluntariamente. Tampoco tiene en cuenta lo que nosotros venimos observando desde la Plataforma, que muchos afectados que nos piden ayuda deciden no denunciar porque hay un descrédito total hacia la justicia debido a que los procesos son muy costosos y largos. Entonces, muchos afectados buscan vías más rápidas a través de soluciones extrajudiciales, como la contratación de alguna empresa de desokupación o acuerdos económicos por los que pagan dinero al delincuente, pero aun así es más económico que el proceso judicial y, sobre todo, te ahorras mucho tiempo.

¿La 'inquiokupación' es entonces el gran problema que ocultan los datos oficiales?Absolutamente. Nosotros estimamos que hay unos 80.000 afectados por este problema en España. Es cierto que el allanamiento de morada es un problema residual, pero el debate político y social no puede centrarse en ese tipo de okupación cuando el fenómeno ha cambiado en los últimos años y no se tiene en cuenta la 'inquiokupación', que supone el 70% de los casos que nos llegan a la Plataforma. Los delincuentes saben que el Real Decreto 11/2020 que protege a familias vulnerables les permite quedarse un tiempo sin pagar en una vivienda okupada y que las consecuencias van a ser mínimas para ellos. Algunos han estado dos años okupando un piso y han tenido que pagar 600 euros de multa, así que realmente les sale a cuenta. Y si se declaran insolventes, ni siquiera los tienen que pagar.

¿Hay profesionales de la 'inquiokupación'?Sí, y no se aceptan como okupas porque se consideran inquilinos morosos, pero es muy fácil diferenciar quién es un inquilino moroso sin predisposición al pago de quién sí la tiene, porque en este caso vemos sus expedientes en Servicios Sociales, solicitudes de ayudas al alquiler, negociaciones con el propietario para rebajar el precio... es decir, vemos una voluntariedad. Cuando no existe esa voluntariedad son 'inquiocupas' que saben aprovecharse del sistema debido a las prebendas que les ofrece el Real Decreto 11/2020.

También asegura que los propietarios de viviendas no son las únicas víctimas de la okupación.Es cierto porque muchas víctimas son vecinos de edificios okupados por mafias. Hablamos de miles de familias que sufren este problema, que tienen que soportar problemas de convivencia en su comunidad o incluso mayores, como tráfico de drogas, porque hay un piso okupado en su urbanización y, sin embargo, no figuran en ningún sitio como víctimas de la okupación. Existe una idea romántica del Robin Hood del siglo XXI que le roba el piso al rico, al banco o al fondo de inversión, cuando seguramente al banco le da igual y el problema lo sufre toda una comunidad de vecinos.

¿Cuánto se puede tardar en desalojar a un okupa en España?Algunos procedimientos judiciales pueden durar de dos a tres años hasta que sale una sentencia y se pueden demorar incluso más hasta la fecha del lanzamiento. Y es un problema que no solo está vinculado a bancos y fondos de inversión, también lo sufren pequeños propietarios. Tenemos el caso de un propietario que lleva cuatro año y medio de proceso judicial y que ha sufrido siete paralizaciones de desahucio por parte del juez.

¿La nueva ley de vivienda del Gobierno favorece la okupación, tal y como denuncian algunos partidos de la oposición?Sin duda va a empeorar la situación para los propietarios porque es una ley excesivamente garantista para los okupas. No regula las 'inquiokupaciones' y solo amplía los plazos para que estos okupas puedan presentar recursos y seguir más tiempo en la vivienda. Además, obliga al pequeño propietario a presentar un documento para certificar que no es un gran tenedor y, en activos de bancos o fondos de inversión, se obliga a estos propietarios a ofrecer un alquiler social a cualquier familia vulnerable, a sabiendas de que el control de todos estos activos lo llevan mafias okupas sacando un rédito económico. Es decir, traslada toda la gestión de la ley y el peso burocrático al propietario, no sobre los okupas. Y además se utilizan recursos de propietarios privados para dar respuestas habitacionales a personas vulnerables cuando eso debería de ser una competencia del Estado. En el momento en el que el Estado obliga a particulares a mantener a estas familias se pone en riesgo la propiedad privada. El Estado delega sus funciones en los propietarios.

¿La ley va a dejar más desprotegidos a los propietarios?Totalmente, los propietarios van a estar más desamparados. Y no solo ellos, también las familias que viven en bloques de pisos totalmente okupados, porque insisto en que este es un problema del que no se habla y que yo he vivido en primera persona. Reclamamos que se proteja a estas víctimas que no aparecen en ninguna estadística, pedimos que también se proteja a las comunidades de vecinos ante este tipo de okupación que, además, suele ser muy violenta.

¿Qué respuesta han recibido del Gobierno?Nosotros presentamos una serie de alegaciones a la nueva ley de vivienda y hemos hablado con responsables del partido socialista de Justicia, de Vivienda, de Interior... pero nunca han considerado ninguna de nuestras peticiones, ni siquiera la de eximir al propietario del pago de los suministros cuando esté sufriendo una okupación del tipo que sea. Con Unidas Podemos también hemos intentado hablar, pero nos han ignorado y jamás han querido sentarse con nosotros. Desde que tuvimos conocimiento del proyecto de ley hemos intentado participar en su debate, pero no nos han dejado y nunca nos han tenido en consideración, cuando sí llamaron a la PAH (Plataforma de Afectadas por la Hipoteca) y al sindicato de inquilinos para debatir sus alegaciones.

Han denunciado en Bruselas la inacción del Gobierno frente a la okupación, ¿qué respuesta han recibido?Hemos trasladado una petición a la Unión Europea para que revise la sistemática vulneración de derechos que sufren los afectados por la okupación en España debido al Real Decreto 11/2020, así como la cesión de las responsabilidades del Gobierno a particulares. Presentamos el escrito en febrero y estamos pendientes de que nos lo admitan a trámite, pero nos consta que hay grupos de la Eurocámara que están a favor de esta petición.

¿Cómo fue su lucha personal contra la okupación?Yo vivía en un bloque de pisos en Puente de Vallecas (Madrid) en el que era el único pequeño propietario, el resto eran pisos de Caixabank y estaban todos okupados por un mismo clan, con una inacción absoluta por parte del banco. Tuve que convivir durante años con narcopisos, sufriendo amenazas, coacciones, pintadas... todo lo que te puedas imaginar. Acudí al Ayuntamiento, entonces gobernado por Ahora Madrid, pero me ignoraron, como si no existiera. Después de ocho años, a base de salir en los medios de comunicación y de presionar mucho, al final el banco reaccionó porque estaba en juego su reputación y se marcharon, pero porque el banco les pagó para que se fueran. Esto pasa en muchos edificios de bancos, de la Sareb... es un descontrol absoluto.

¿Ha calculado el dinero que le ha costado esa lucha contra los okupas de su bloque de pisos?Entre denuncias y abogados yo creo que me habré gastado unos 10.000 euros, pero en medicinas no lo sabría calcular porque yo he estado diez años medicado, con ingresos hospitalarios. He estado de baja casi dos años en distintas épocas porque era insufrible mi situación. A eso hay que añadirle los destrozos de todo tipo que han causado en el edificio. No podría decir una cantidad exacta, pero el peor daño que me han causado es que no se haya impartido justicia.