El Gobierno podría tener que modificar de nuevo el delito de malversación, cuyas penas la coalición rebajó tras pactarlo con ERC a finales del pasado curso. La Comisión Europea ha planteado unificar el castigo -para que la pena máxima sea de al menos cinco años- para los delitos de malversación en todos los Estados miembros, aunque todavía es una propuesta que debe ser consensuada por los países y aprobada por el Parlamento Europeo. Moncloa, mientras tanto, guarda silencio, ya que por la tardanza de estos procesos podría no tener que ser su responsabilidad.
En la directiva para la lucha contra la corrupción propuesta por la Comisión se establece ese "máximo mínimo" que deberían adoptar todos los países. En el documento, reflejado por Europa Press, se propone la misma pena para los castigos de delitos como sobornos, tráfico de influencias o la propia malversación, definida como "la comisión, el desembolso, la apropiación o la utilización por un funcionario público de bienes cuya gestión le haya sido confiada directa o indirectamente en contra de la finalidad para los que fueron destinados". Para todos esos delitos propone una pena máxima que sobrepase el lustro.
Esto supondría que, llegado el momento, el Gobierno debería volver a modificar el delito en el Código Penal, aunque las fuentes de Moncloa consultadas por 20minutos guardan silencio al respecto. La directiva todavía tardará en ser firme. Y, una vez que lo sea, España deberá adoptarla con una ley que la transponga. Según lo marcado por Europa, el plazo establecido para hacerlo es "generalmente" de dos años. Si no, la Comisión puede abrir un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que derivaría en multa económica.
El pacto entre PSOE y ERC diferenció los tipos
La reforma del Código Penal impulsada por el PSOE y por ERC que entró en vigor en enero de este año se hizo a toda prisa. Pasó apenas un mes desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitiera que además de suprimir la sedición estaba estudiando modificar la malversación. El Ejecutivo -sabedor de la dificultad de explicar este paso y de su posible coste electoral- jugó al despiste durante semanas, enfriando el debate, siendo ambiguo al respecto y negando que existiera una negociación con ERC, partido al que se dejó llevar la iniciativa en todo momento. El mayor miedo era que beneficiase a corruptos, aunque finalmente no se han dado casos. Tampoco a los propios independentistas a los que los republicanos pensaban que beneficiaría.
El texto acordado mantuvo el castigo de dos a seis años de cárcel a las autoridades que "con ánimo de lucro" se apropiasen de patrimonio público o consintieran que un tercero hiciese lo propio. Tampoco se modificaron los agravantes: la pena es de entre cuatro y ocho años de prisión -y de 10 a 20 años de inhabilitación- si se causa un "grave daño" al servicio público o si el valor del perjuicio causado excede de los 50.000 euros. Las penas más duras también se aplicara si lo malversado tiene valor histórico o artístico o si se trata de fondos destinados a "aliviar" cualquier "calamidad pública".
El segundo supuesto que introdujeron PSOE y ERC es el de aquel funcionario o autoridad que "sin ánimo" de lucro destinase a uso privado el dinero público, lo que tiene un castigo de entre seis meses y tres años de prisión y una inhabilitación de entre uno y cuatro años. Estas penas, no obstante, aumentan hasta las del supuesto anterior si el condenado no devuelve lo malversado en los diez días posteriores a que se incoe el proceso.
El tercer tipo fue el pensado especialmente para los líderes del procés, que terminaron no viéndose beneficiados ante el varapalo del Supremo, que rechazó aplicarles el mismo. El Congreso aprobó seguir castigando la malversación si quien la comete es un funcionario o una autoridad pública que dé una función "pública" diferente a la requerida en un principio. En lo que hasta entonces estaba en el Código Penal, la pena se rebajó en dos años y se fijó entre uno y cuatro años. Conforme a lo avanzado por Bruselas, es este artículo y el anteriormente mentado los que se deberían modificar de nuevo.
"Un rapapolvo" a meses de que España presida la UE
El Partido Popular, una de las fuerzas que más se opuso a la rebaja de la malversación que promovió el Gobierno, ve en la propuesta de Bruselas un "rapapolvo" a dos meses de que España asuma la Presidencia de la Unión Europea. "España no puede ser a ojos de nuestros socios un paraíso para los corruptos, y menos tras exhibir durante meses una cierta condescendencia legal con violadores y agresores sexuales".
Fuentes del PP consultados por este periódico consideran que el anteproyecto viene a "enmendar la plana al Gobierno". Y además, en línea con el discurso que marca Alberto Núñez Feijóo en precampaña electoral, señalan que con esta propuesta "la Comisión se apunta a derogar el sanchismo, empezando por una reforma legal de Pedro Sánchez basada en abaratar la corrupción para agasajar a los que desestabilizaron Europa en general y España en particular con planteamientos separatistas".
Asimismo, el entorno de Feijóo ironiza con la reciente polémica originada en Doñana y extendida hasta Bruselas. Así, los populares ponen en duda que el Gobierno acate el planteamiento de la Comisión "con el mismo entusiasmo con el que celebraron aquel escrito del comisario de Medio Ambiente", en el que advertían de que los planes de la Junta de Andalucía podía poner en peligro el parque nacional.
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