El Gobierno se cansa de las críticas del Tribunal Supremo. La dureza de la sentencia con la que el órgano confirmó el lunes la condena de inhabilitación durante 13 años a Oriol Junqueras y afeó al Ejecutivo la supresión de la sedición ha generado molestar en Moncloa, desde donde se repite que sería mejor que los jueces se dedicaran a aplicar la legislación y no realizaran comentarios las reformas legislativas que propone la coalición y aprueba el legislativo. Además, desde el palacio presidencial insisten en que los "problemas políticos" se han de resolver "con política" y niegan que el Estado haya quedado desprotegido.
Fuentes cercanas al presidente Pedro Sánchez admiten estar sorprendidas por los comentarios realizados por el Supremo, que también defiende que con la supresión de la sedición y su sustitución por los desórdenes públicos agravados se dejan impunes los procesos de independencia que no lleven consigo actos violentos o intimidatorios. Las mismas fuentes insisten en lamentar estos comentarios y emplazar al alto tribunal a aplicar las leyes.
Sin embargo, estos comentarios quedan en la esfera privada. En público, desde el Ejecutivo optan por la prudencia. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dijo este lunes que el Gobierno "respetaba" la sentencia, aunque se empeñó en repetir que el Estado no ha quedado desprotegido de ninguna forma al contrario de lo que defiende el tribunal. "El Estado español está protegido por el ordenamiento jurídico", aseguró antes de citar el Código Penal y la Constitución.
La también ministra de Política Territorial argumentó que el auto del Supremo "da respuesta a algo que había sostenido el Gobierno a lo largo del tiempo": "No se produce una despenalización de los hechos". Rodríguez argumentó que las penas por las que se condenó a los -luego indultados- líderes del procés "siguen existiendo". Además, añadió como otro de los objetivos de la reforma del Ejecutivo "facilitar la extradición" de los huidos, como es el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont.
También se expresó en estos términos el lunes la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero. "Muchos mentían planteando aquello de que algunos se podrían presentar a las próximas elecciones. Se ha demostrado que es mentira", apuntó desde Ferraz, sede general de los socialistas. "La conclusión", añadió, "es que los delitos tan graves que se realizaron bajo el procés siguen siendo delito en el actual Código Penal".
No obstante, que el Gobierno ha virado en sus argumentos según le ha beneficiado. Al menos en lo que a la malversación se refiere. A finales del pasado año, diferentes voces del Ejecutivo justificaban la reforma de este tipo penal asegurando que "el reproche penal no puede ser el mismo cuando uno malversa buscando un lucro personal y cuando no es así". "En ningún caso", aseguraban, se iba a favorecer la corrupción.
Aquí entra en juego el concepto del ánimo de lucro: la nueva reforma establece penas atenuadas para los que malversan sin este afán, pero -según el criterio de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el juez Pablo Llarena y del Supremo- los independentistas actuaron con este ánimo. Lo justifican aclarando que para probar esta condición no es necesario que el delincuente se haya enriquecido personalmente, que se haya metido "el dinero en el bolsillo", como explicaba el Gobierno en su momento. Basta, reza la sentencia, con que los caudales públicos se destinen "a una actividad delictiva o antijurídica, en este caso, la celebración de un referéndum prohibido judicialmente". Las consecuencias: la "desjudicialización" del procés que buscaba Sánchez no se ha producido y los cargos intermedios imputados y aún pendientes de juicio pueden acabar condenados igual que los líderes.
Frente a esto, Rodríguez insistió en que "los problemas políticos hay que resolverlos desde la política". Así, la portavoz apuntó que "lo fundamental" es que "gracias al esfuerzo y al diálogo" el Gobierno ha logrado que "lo que antes era un conflicto político que traspasó las fronteras jurídicas" hoy "está en la senda de la convivencia".
"La sociedad catalana ha evolucionado y Cataluña no quiere retroceder a 2017. Entiendo que tampoco las fuerzas políticas catalanas", añadió. Asimismo, declaró que la autonomía dirigida por Pere Aragonès es una de las "prioridades" de la coalición. Al menos, en cuanto a la transformación económica e industrial se refiere.
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