Cómo era de prever, pues ella ya lo había anunciado, la exconsellera y eurodiputada Clara Ponsatí no atendió la cita del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que la había llamado a declarar a las 11.00 horas de este lunes para comunicarle su procesamiento por un delito de desobediencia durante el procés. La defensa de Ponsatí ha enviado una misiva al magistrado en la que solicita suspender el procedimiento hasta que el Parlamento Europeo resuelva sobre la inmunidad de la exconsellera, que se encontraba hoy en Bruselas porque tenía dos comisiones parlamentarias "incompatibles" con su presencia en Madrid. 

Llarena ha reaccionado abriendo un plazo de cinco días para que las partes personadas en la causa judicial del procés se pronuncien sobre la incomparecencia de Ponsatí y para que esta aporte la demanda de amparo sobre su inmunidad parlamentaria. Con lo cual, el juez no desvelará por el momento sus próximos pasos ante el plantón de la exconsellera. 

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Si bien el togado puede adoptar diferentes respuestas a este conflicto, no podrá hacer nada mientras la exconsellera permanezca en Bruselas, dada la imposibilidad de emitir una orden de detención europea. Tras pasar cinco años a caballo entre Bélgica y Escocia, la europarlamentaria decidió regresar a España a finales de marzo y fue inmediatamente detenida por los Mossos d'Esquadra. 

El momento elegido por Ponsatí para su regreso no fue casual, sino consecuencia directa de la derogación del delito de sedición. El propio Pablo Llarena consideró en un auto que este tipo penal debía sustituirse por el delito de desobediencia (y no por los desórdenes públicos agravados que el Ejecutivo diseñó adhoc para esta situación). Por tanto, la exconsellera no se enfrenta ya a una pena de cárcel, y por tanto no se puede pedir su arresto mientras no pise suelo español. "La desobediencia no es materia para una orden de detención europea, porque para ello se requiere un delito que conlleve al menos dos años de cárcel", resumen fuentes jurídicas a 20minutos.

La situación es muy distinta en el caso de que Ponsatí regrese a España, pues el Supremo podría presentar una orden de detención nacional contra ella para llevarla a testificar. El abogado de la exconsellera, Gonzalo Boye, reclamó el lunes al alto tribunal que deje sin efecto el procedimiento judicial contra su defendida hasta que el Parlamento Europeo tome una decisión sobre su inmunidad. 

Boye recordó además que están pendientes de resolución varios recursos "que corroboran la ilegalidad del procedimiento y la vulneración de distintos derechos fundamentales" de Clara Ponsatí. Un argumento que la eurodiputada ya esgrimió en el momento de su detención al asegurar que la misma era ilegal. Sin embargo, Llarena podría "mandar detener a Clara Ponsatí", según las mencionadas fuentes, aunque la detención sería meramente instrumental. 

Si el togado toma finalmente esta decisión y la exconsellera regresa a España, la detención se ejecutaría para trasladar a Ponsatí al Tribunal Supremo y tomarle declaración. Su situación sería entonces idéntica a la de Anna Gabriel y Meritxell Serret, que regresaron a suelo español en 2021 y 2022 respectivamente. Ambas declararon voluntariamente ante Llarena, y al no enfrentarse a un delito penado con prisión quedaron en libertad. 

Existe una tercera opción. El juez Llarena podría decidir citar de nuevo a Ponsatí tras escuchar los pronunciamientos del Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la acusación popular representada por Vox. En este caso, se fijaría una nueva fecha para la comparecencia de Ponsatí en el Supremo y se le comunicaría la misma a su defensa. Pero nada lleva a pensar que la exconsellera vaya a cambiar de postura y acudir al alto tribunal de forma voluntaria.