Aunque la conservación del Parque Nacional de Doñana se ha convertido en un campo de batalla entre el Gobierno y la Junta de Andalucía en la campaña de cara a las elecciones del 28 de mayo, para la Comisión Europea la proposición de ley que otorgará más derechos de regadío en este espacio protegido forma parte de un procedimiento de infracción que ya abrió en julio del año pasado porque España no estaba haciendo lo suficiente para recuperar los acuíferos de Doñana. Y aunque todavía no ha tomado una decisión sobre las explicaciones que han dado las dos partes para decidir si continúa el expediente, afirma ya que "no va en la buena dirección".

Esta es la posición que ha mantenido la Comisión este lunes tras la reunión entre el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, y el consejero andaluz del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, celebrada a petición de la Junta de Andalucía y en la que el consejero ha explicado el "estado de juego" en el que se encuentra la proposición de ley y en la que el comisario le ha recalcado que "la Comisión está profundamente preocupada por que la proposición de ley, si se adopta tal y como ha sido planteada, podría degradar el humedal de Doñana". Desde Madrid, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha exigido a la Junta que retire la ley.

La Comisión Europea sigue estudiando las cartas que el Gobierno central y la Junta remitieron la semana pasada en respuesta a la misiva en la que en marzo la directora general de Medio Ambiente mostró su "estupefacción" por el plan de regadíos de la Junta. Hasta que no haya hecho este análisis, no determinará si da el siguiente paso del procedimiento de infracción y envía a España un dictamen motivado en el que ya conminará a tomar determinadas medidas. "Una vez que hayamos tomado una posición sobre todas las explicaciones que hemos recibido desde España, decidiremos sobre los próximos pasos", ha explicado un portavoz de la Comisión.

Medidas insuficientes

A pesar del ruido que desde hace semanas provoca en España la futura ley andaluza sobre Doñana, la Comisión no tiene tomada todavía una decisión sobre si continuar o no con el procedimiento de infracción que abrió en julio de 2022, un año después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Entonces, dio un primer paso y envió una carta de emplazamiento en la que explicaba que había "fracasado" en la aplicación de la directiva marco del agua -que en España es responsabilidad del Gobierno central y de las comunidades- para asegurar la gestión de los acuíferos y porque no había dado los pasos adecuados según la directiva Hábitat, que en la legislación española hace competente a las comunidades de determinar las zonas de protección, como Doñana, para para proteger los espacios de la Red Natura 2000 que fueron designados alrededor del parque natural.

Cuestionados por estas advertencias de la Comisión, el Gobierno y la Junta han coincidido en alejar las responsabilidades y señalarse mutuamente. "La Comisión Europea insiste en que le gustaría ver reforzada la ejecución de la sentencia y considera que esta proposición de ley en tramitación va en sentido diametralmente opuesto a lo necesario para la protección de Doñana", ha dicho la vicepresidenta, que ha culpado a la Junta del deficiente cumplimiento porque no se están tomando medidas que son de su competencia.

"Con la Comisión habíamos llegado a fijar un calendario para la ejecución de todos los planes del Plan Hidrológico del Guadalquivir y el Marco de Actuaciones de Doñana. Al comisario le gustaría lógicamente que fuéramos más deprisa y le preocupa la falta de concreción de las medidas para la protección de la directiva Hábitats, es decir, las competencias medioambientales de la Junta", ha explicado Ribera.

Por su parte, el consejero ha señalado que "apenas el 10% le corresponde a la Junta" y que están siendo "extremadamente diligentes para cumplir y notificarlo al Gobierno de España y a la Comisión".

Más presión a los acuíferos

Este es el contexto en el que la Junta de Andalucía decidió reactivar su plan de regadíos de Doñana, sobre el que la Comisión ha vuelto a manifestar este lunes su oposición, como consecuencia de la reunión entre Sinkevicius y Fernández-Pacheco. El consejero le ha reiterado lo que ya expuso la Junta en la carta que ahora estudia Bruselas, que "en absoluto perjudica al acuífero de Doñana" ni supone "amnistiar" a los regantes ilegales y que caben modificaciones a una proposición de ley que "apenas ha empezado a andar en el trámite parlamentario".

A pesar de estas explicaciones, la Comisión sigue viendo la futura ley como algo que perjudicará todavía más el estado de Doñana. "La proposición de ley crea un marco legal favorable para el reconocimiento de derechos de riego de aguas de superficie que se añadirían a la excesiva presión de los ya sobreexplotados acuíferos", ha censurado un portavoz oficial de la Comisión tras la reunión entre el comisario y Fernández-Pacheco.

Según añade esta fuente, la Comisión considera que la proposición de ley "es un elemento más de este proceso" de infracción, en concreto, "uno que no va en la buena dirección" para el objetivo que sigue exigiendo a España, la restauración de Doñana, porque las medidas actuales "no son suficientes".

La Comisión advierte de que "incluso sin el previsible impacto negativo de la proposición de ley [del Parlamento de Andalucía], que parece ir en la dirección contraria", existe "una fuerte evidencia de que la agricultura intensiva y los complejos hoteleros estaban relacionados con la desecación o contracción de las lagunas alrededor de Doñana, demostrando que los niveles de explotación de agua subterránea son insostenibles y requieren medidas urgentes para controlar las sustracciones".

Pasar la factura de la multa

De momento, pues, nada se ha movido en Bruselas desde que el jueves pasado el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta enviaran sendas cartas para intentar apaciguar la "preocupación" por parte de la Comisión sobre el estado de Doñana y, en el caso del gobierno de Juanma Moreno, del nuevo plan de regadíos. Sin embargo, en la esfera nacional Doñana ha seguido alimentando este lunes el rifirrafe político.

"El Gobierno exige al gobierno andaluz, al Parlamento, la retirada de esta proposición de ley. Le pido a [Juan Manuel] Moreno Bonilla y a [Alberto] Núñez Feijóo que dejen de poner en riesgo la credibilidad de España, el futuro del sector agrícola y en particular de frutos rojos de la provincia d Huelva y eviten el riesgo de que España sea condenada una vez más", ha exhortado Ribera en una rueda de prensa convocada de urgencia al término de la reunión entre el consejero y el comisario.

La vicepresidenta ha negado que, tal y como lo ha presentado la Junta, el encuentro haya sido de "cortesía" y para mostrar "la gravedad del asunto" ha desvelado que han acompañado a Fernández-Pacheco no solo el consejero de Medio Ambiente de la Representación Permanente de España -equivalente a la embajada ante la UE- sino también un abogado del Estado en representación de los intereses de España en el procedimiento de infracción en marcha. "Es normal", ha explicado la vicepresidenta, "el comisario no ha gestionado esta reunión como una visita de cortesía, sino como un proceso de infracción contra España que podría tener aparejada una multa coercitiva contra el presupuesto de todos los españoles".

Ribera ha reiterado que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la norma que eventualmente apruebe la Junta si no accede a retirarla por concreto, con la novedad de que estudiará la manera de que, si hay una sanción económica, sea la Junta y no el Estado quien corra con ella. En todo caso, ha dicho, "solo cabe la retirada" de la proposición de ley y su "devolución entera al sitio de donde no debió salir jamás en beneficio de los españoles que es la papelera".