Jueces y fiscales amenazan con una huelga indefinida a partir del 16 de mayo ante el "abandono" de la Administración de Justicia

Fachada de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.
Fachada de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.
Europa Press
Fachada de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.

El efecto dominó que comenzó el 24 de enero con la protesta de los letrados judiciales ha alcanzado este lunes a las principales asociaciones de jueces y fiscales, que han anunciado su intención de convocar una huelga indefinida de las carreras judicial y fiscal a partir del día 16 de mayo. Así lo han transmitido a través de un comunicado la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. 

Otras dos asociaciones -Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales- no se sumarán a la convocatoria hasta conocer los planteamientos que el Ministerio de Hacienda expondrá en la Mesa prevista para el 3 de mayo, si bien se han mostrado de acuerdo con el diagnóstico de los convocantes. En España hay unos 5.000 jueces y alrededor de 2.000 fiscales, pero no todos ellos están asociados.

Este paso al frente de la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, que siguen el camino marcado por los letrados y funcionarios de la Justicia, llega tras años de "preocupación" por "la falta de dotación" a sus cuerpos. "Los Presupuestos Generales del Estado son insuficientes", aseguran los convocantes, lo que a su juicio convierte a la Administración de Justicia en "la cenicienta" del Estado. 

Así lo expresa el comunicado emitido este lunes a modo de denuncia del "sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia". Una situación que "degrada la calidad de la respuesta institucional que obtienen los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos", han aseverado las distintas asociaciones.

En esencia, su denuncia se sustenta en  la "falta de dotación suficiente de la Administración de Justicia" y las cargas de trabajo de tribunales y fiscalías "que afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la Fiscalía". Los firmantes del comunicado sostienen que la única -e "insuficiente"- respuesta que el Gobierno da a este conflicto son los "planes de refuerzo y la dedicación de los profesionales". 

En este sentido, los firmantes aclaran que el pasado octubre se desconvocó "sin explicaciones" la Mesa de Retribuciones, a pesar de que el Ejecutivo llevaba meses hablando con sus interlocutores. La desconvocatoria, aseguran, "venía precedida de numerosas reuniones preparatorias" en las que se trató de llegar a un consenso que finalmente nunca se produjo. 

Durante los meses posteriores, las asociaciones mantuvieron una actitud "prudente y callada" que, según explican, "no ha dado fruto alguno". Y finalmente, los días 31 de marzo y 4 de abril, el ministerio citó a las asociaciones de jueces y de fiscales respectivamente para comunicar los acuerdos alcanzados con los letrados judiciales tras dos meses de huelga. Pero en aquellos encuentros no se produjeron "avances significativos" más allá del compromiso de convocar la Mesa de Retribuciones antes del 10 de mayo. Ante la última desconvocatoria, el grueso de las asociaciones considera que el compromiso del Gobierno no es suficiente "garantía", por lo que ya en aquella reunión anunciaron al ministerio su intención de elaborar un calendario de "medidas de presión".

La ministra Pilar Llop, que se encontraba este lunes en la Feria de Abril de Sevilla, ha defendido su "voluntad negociadora ineludible" y, ante la inminente convocatoria de la Mesa, ha señalado que "no es momento de adoptar determinadas medidas de presión". Asimismo, ha instado a jueces y fiscales a mirar "por el ciudadano y el buen servicio público". La titular de Justicia ha querido destacar su "compromiso de dialogar" y el "momento importante de reforma". "Vamos hacia un sistema mucho más ágil, más eficiente, más sostenible, más igualitario, esa justicia moderna del siglo XXI digitalizada que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país"

Para estas asociaciones de jueces y fiscales la convocatoria de la Mesa no es suficiente, en tanto que el ministerio de Llop no ha demostrado "un verdadero propósito de negociar". Esperar al 3 de mayo solo sería "otra forma de dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental", aseguran. 

Las asociaciones que firman el comunicado han transmitido su "firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo" que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, pero advierten de que no permitirán "que esa actitud responsable sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda, a los que corresponde velar por un sistema judicial eficaz". 

Justicia negocia con los funcionarios en huelga

Los incendios se multiplican en el Ministerio de Justicia por encima de las posibilidades de Pilar Llop, que apenas tiene tiempo para apagar fuegos. La huelga de los letrados judiciales duró dos meses y dejó una honda herida en los tribunales de todo el país, dando lugar a la suspensión de más de 400.000 juicios. Durante dos meses hicieron falta más de 30 contactos entre la cartera de Llop y las asociaciones en huelga. La negociación, que concluyó con la concesión de subidas salariales de entre 430 y 450 euros para todo el cuerpo de letrados, fue larga y complicada. 

Entre otras cosas, porque el ministerio era consciente de que un acuerdo beneficioso para los letrados judiciales provocaría un efecto dómino en el resto de estratos de la Administración de la Justicia. Y efectivamente, el lunes pasado los sindicatos representantes de los funcionarios de Justicia convocaron una huelga. Esta vez la respuesta del Gobierno fue inmediata, y las negociaciones que comenzaron la semana pasada continúan este mismo lunes en la sede del ministerio. 

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