La Sareb destina 280 millones de euros de fondos a gestión y mantenimiento de su patrimonio que, tal y como reconoce el propio 'banco malo', se encuentran a menudo en mal estado. Unos gastos que, después de que Bruselas obligara al Estado español a asumir la deuda y pérdidas de la sociedad, se acaban reflejando en las cuentas de déficit y deuda pública del país.

Así se refleja en el último informe anual de actividad de la entidad, correspondiente al año 2021. En ese ejercicio, la sociedad incrementó un 43% sus gastos de gestión y mantenimiento, que en su mayoría se destinan al pago del IBI y otros impuestos, a la adecuación de su patrimonio, a mantenimiento y a gastos de comunidad. La Sareb se dejó 82,3 millones de euros solo en reparaciones para poner a punto para su venta 9.610 de sus inmuebles en 2021.

El propio 'banco malo' reconoce que "el mal estado de los inmuebles" ha requerido "un importante esfuerzo" por su parte para paliar las deficiencias que presentan. De hecho, los inmuebles que se van incorporando a la Sareb a través de la liquidación de los préstamos con las promotoras se encuentran "generalmente, en mal estado de conservación y mantenimiento", señalan. Unas condiciones que chocan con el plan aprobado por el Ejecutivo el pasado martes para movilizar hasta 50.000 viviendas para alquileres asequibles.

Solo 21.000 viviendas de las prometidas por Sánchez estarán disponibles en un año y otras 14.000 ya están ocupadas

La gran mayoría de los activos de la sociedad no están en condiciones de ser movilizados para este fin. La Sareb cuenta con 204.265 activos por valor de 28.895 millones de euros, según su informe anual de actividad de 2021. Sin embargo, la mayor parte de la cartera de la Sareb está etiquetada por la compañía como run-off, que en la jerga inmobiliaria significa que "no tienen margen para generar valor". El único negocio que verdaderamente generar valor económico a Sareb es el desarrollo urbanístico y la promoción inmobiliaria.

De los alrededor de 200.000 activos con los que cuenta la sociedad, tres cuartas partes son inmuebles y el resto préstamos que, poco a poco, se van transformando en inmuebles que, a su vez, se van vendiendo para sacar el máximo valor. 

El organismo cuenta con alrededor de 46.542 viviendas, además de otras propiedades con potencial de transformarse en vivienda, como son 14.202 obras en curso y 24.619 suelos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que alrededor del 30% de esas viviendas ya están ocupadas, lo que reduce la disponibilidad real a 32.500 unidades. Y, de ellas, el Ejecutivo prevé movilizar inmediatamente solo 9.000, mientras que otras 12.000 están pendientes de que se realicen trabajos de habitabilidad que podrían extenderse entre seis y doce meses, según fuentes de la vicepresidencia de Nadia Calviño. 

De esta forma, las 21.000 viviendas en un año que promete el Gobierno solo representan el 44% del parque del 'banco malo', mientras que las 9.000 que ya estarían disponibles apenas suponen el 19%. Un factor que hay que añadir al hecho de que solo el 15% de las viviendas de la Sareb están en capitales de provincia, lo que limita considerablemente el impacto de la medida del Gobierno para influir en los precios del mercado en las zonas tensionadas.

El filtro de autonomías y ayuntamientos

Además, hay que tener en cuenta que el éxito del plan depende de que las viviendas sean del gusto de los gobiernos autonómicos y municipales, que son quienes ostentan la competencia en esta materia. En última instancia, son estas administraciones quienes deciden o no si comprar las viviendas a la Sareb. Y a menudo los inmuebles no cumplen con los requisitos que estas exigen.

Un buen ejemplo de esto es el caso de la Comunitad Valenciana, que cerró el acuerdo de compra de vivienda a la Sareb más importante en la historia del 'banco malo' con una administración regional el pasado febrero. Según recuerdan fuentes del Ejecutivo autonómico, Sareb les ofreció un total de 1.706 viviendas (apenas un 20% del parque que posee en este territorio). Sin embargo, la Conselleria de Vivienda descartó la mayoría al considerar que reunían las condiciones necesarias para su habitabilidad y limitó la oferta de su interés unas 583, solo un 6% de todo lo que posee la Sareb en la Comunidad Valenciana. 

Otro caso destacable es el de la Comunidad de Madrid. Según adelantó El Mundo la semana pasada, solo cinco de los 2.709 pisos del 'banco malo' en la comunidad tienen el visto bueno de los técnicos para su uso en alquiler social. La Sareb apenas ofreció 87 al Ejecutivo autonómico y la mayoría de ellos fueron calificados de "inhumanos" por los técnicos encargados de su evaluación.

La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) se creó en 2012 para absorber los activos tóxicos de los bancos tras los rescates públicos e irlos liquidando para saldar la deuda. Una tarea que todavía queda lejos de resolverse. De los 50.781 millones en los que se tasó el valor de los activos tóxicos adquiridos por el 'banco malo' en su creación, todavía quedan por liquidar 26.465 millones. La deuda que acumula el organismo supone un lastre de 34.000 millones para la hacienda pública.

Desde 2021, la deuda y las pérdidas de la Sareb computan en las cuentas públicas de la hacienda española, lo que supuso un lastre adicional a unas finanzas ya aquejadas por la crisis financiera de 2008 y más tarde por la pandemia y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. En consecuencia, el Gobierno cambió la normativa que regula al 'banco malo' en 2022 para hacerse con el control de la entidad y potenciar el uso social de sus recursos.