La Abogacía del Estado ha pedido una condena de tres años y medio de cárcel para el diputado de ERC y ex alto cargo del Govern Josep Maria Jové, al que atribuye los delitos de desobediencia y malversación atenuada, mientras descarta acusar al presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, por el 1-O.

En su escrito, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y al que ha tenido acceso este martes, la Abogacía solicita además una condena de un año de inhabilitación para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, únicamente por un delito de desobediencia.

De esa forma, no plantea acusación alguna contra Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda al que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) procesó junto a Jové por la organización del referéndum unilateral del 1-O desde la conselleria que dirigía Oriol Junqueras.

La Fiscalía, por contra, pidió 7 años de cárcel para Jové y seis y tres meses para Salvadó, al aplicarles la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia, por organizar el 1-O.

La justicia avala juzgar a la consellera Garriga y a Jové y Salvadó por el 1-O

La Abogacía del Estado discrepa de la interpretación de la Fiscalía y aplica a Jové el delito de malversación atenuada que se aprobó en la reforma penal impulsada por el Gobierno para castigar a los casos de desvío de fondos públicos en los que no concurra ánimo de lucro, que prevé penas de hasta 4 años de prisión.

En concreto, pide para Jové tres años y medio de cárcel, así como siete de inhabilitación y una multa de 30.000 euros, mientras que para Garriga propone un año de inhabilitación para empleo y cargo público, así como 18.000 euros de multa.

La Abogacía no pide ninguna cantidad en concepto de responsabilidad civil a los encausados, sin perjuicio, advierte, de que se remita la sentencia al Tribunal de Cuentas para el "establecimiento y reclamación definitiva de las cantidades totales desviadas" en el referéndum.

El escrito de la Abogacía involucra a Jové y a Garriga en la organización del referéndum del 1-0 desde los cargos de ex secretario general y directora de servicios del Departamento de Economía y Vicepresidencia, del que dependía el área de procesos electorales y consultas populares.

Según la Abogacía, ambos altos cargos del Govern "desatendieron" los mandatos del Tribunal Constitucional que prohibían la celebración del 1-O al llevar acabo "actuaciones dirigidas" a hacer posible la votación, desde sus "respectivos ámbitos competencias".

Concretamente, añade, Jové llevó a cabo una búsqueda de locales para instalar urnas e hizo las gestiones oportunas para lograr la cesión de locales alternativos por si algún municipio no prestaba los centros habituales de votación, sin impedir que se remitieran cartas a los alcaldes catalanes para reclamar esas sedes electorales.

Además, como responsable máximo del área de procesos electorales, "no dio ninguna orden" para impedir que responsables de otros departamentos de la Generalitat "pagaran o comprometieran fondos públicos" para la celebración del referéndum, entre ellos los gastos de la campaña de publicidad, de la organización de la administración electoral o de los observadores internacionales.

Es más, añade, Jové "ordenó y autorizó" los gastos relacionados con la administración electoral del 1-O, en concreto los relativos a la distribución de notificaciones a los miembros de las mesas electorales y las tarjetas censales y encargó repartirlos a la empresa Unipost S.A.

Tanto a Jové como a Garriga, la Abogacía les acusa de llevar a cabo gestiones para conseguir la cesión de locales "donde se pudiera almacenar el material que se precisaba para la celebración de la votación del referéndum, en concreto, paletas y sobres con documentación electoral".

También sostiene que la consellera de Cultura dio "indicaciones expresas" al exdirector de Comunicación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información para que la página web referéndum.cat "fuese accesible a todo el mundo, sin necesidad de usuarios y contraseñas".

Contra Salvadó, presidente del Port de Barcelona desde el pasado mes de noviembre, la Abogacía no formula acusación pese a que fue procesado por el TSJC por los delitos desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos junto a Jové, a quienes se impuso además una fianza de 4,5 millones de euros.

En su auto de procesamiento, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret concluyó que el exsecretario de Hacienda tuvo "participación activa" en la organización del 1-0 y en la planificación de las denominadas "estructuras de Estado".