La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez por el caso Kitchen, la operación parapolicial montada en 2013 para robar al extesorero del PP Luis Bárcenas información comprometedora sobre el partido.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los fiscales les atribuyen a ambos delitos de encubrimiento, malversación de caudales públicos y contra la intimidad. Por todo ello, también piden su inhabilitación absoluta por un periodo de 33 años. 

El resto de supuestos implicados en la trama que han sido procesados son antiguos miembros de la cúpula policial que habrían participado en la operación ilegal de espionaje a Bárcenas, entre ellos el excomisario José Manuel Villarejo, para quien la Fiscalía pide la pena más alta: 19 años de cárcel al añadir también el delito de cohecho pasivo.

Anticorrupción también dirige su escrito contra otros mandos policiales como el que fuera director adjunto operativo de la Policía Nacional (DAO) Eugenio Pino (para quien se solicitan 15 años de cárcel), los excomisarios Enrique García Castaño (12 años y medio), Andrés Gómez Gordo (15 años) y Marcelino Martín Blas (dos años y medio), así como el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos, a quien los fiscales piden condenar a 12 años y cinco meses de prisión.

Según explican los fiscales del caso en su escrito, en una "fecha no determinada" de la primera mitad del año 2013, "desde la cúpula del Ministerio del Interior" del primer Gobierno de Mariano Rajoy que encabezaban Fernández Díaz, Martínez y Pino, "se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes" en el caso Gürtel. y que "pudieran encontrase en poder" del extesorero.

"Todo ello con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado a la Audiencia Nacional", explica la Fiscalía.

2.000 euros al mes de los fondos reservados

Para ello, continúa el escrito, se contactó con Sergio Ríos, quien por entonces ejercía como chófer de Bárcenas y su familia. Ahí es donde, según Anticorrupción, entran los excomisarios, que se encargaron de captar al conductor. Como contraprestación por la información y documentación facilitada, Ríos "recibió la cantidad de 2.000 euros mensuales, abonados con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior, entre el mes de julio de 2013 y el mes de septiembre de 2015". Anticorrupción cuantifica en 57.943,43 euros el dinero de los fondos reservados que se ha podido probar que fue destinado a espiar al extesorero.

Los fiscales creen probado que Ríos trasladó información a Gómez Gordo, Villarejo y García Castaño sabiendo que "no iba a ser proporcionada a los investigadores" del caso Gürtel y a cambio de los pagos recibidos (los cuales probarían la malversación de fondos públicos). A su vez, Villarejo, García Castaño y Gómez Gordo transmitían a Pino y Martínez la información y documentación relativa a Bárcenas y su entorno. Y ellos reportaban a su jefe, Fernández Díaz, según Anticorrupción, "como responsable máximo del Ministerio del Interior".

Pero para la operación se empleó mucho más personal. Los fiscales calculan que para labores de seguimiento y demás se llegaron a activar 68 agentes de Policía. De hecho, el espionaje ilegal al extesorero del PP llegó incluso a la cárcel de Soto del Real (Madrid), durante el tiempo que Bárcenas estuvo en prisión provisional en esos años. Allí también se le sometió a un férreo control con la finalidad de continuar obteniendo información y documentación relevante para evitar que dirigentes del Partido Popular se vieran afectados por el procedimiento judicial". Según los fiscales, se llegaron incluso a apoderar de manera ilegítima de comunicaciones que Bárcenas mantenía con su esposa y con su abogado".

En ningún momento los acusados compartieron con los investigadores del caso Gurtel la operación policial que llevaron a cabo ni la documentación e información que recabaron, dice el escrito del Ministerio Público. "Al contario, los encausados la mantuvieron siempre oculta con la finalidad de impedir que la causa judicial alcanzara a los dirigentes del Partido Popular", afirma.