Constructores "quemados", extraña ausencia al trabajo... claves de la operación por irregularidades en las carreteras cántabras

Un policía entra en la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, en Santander el 22 de febrero de 2023.
Un policía entra en la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, en Santander el 22 de febrero de 2023.
EP
Un policía entra en la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, en Santander el 22 de febrero de 2023.

La Policía Nacional detuvo este miércoles a ocho personas en una operación conjunta con la Agencia de Administración Tributaria por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos en el servicio de mantenimiento de carreteras del Gobierno de Cantabria. Seis de los arrestos se produjeron en la región cántabra y otros dos, en Madrid. 

Aunque no se han precisado identidades ni los hechos concretos que se les imputan, ya que se ha decretado el secreto de sumario, fuentes de la investigación han confirmado que una de las personas detenidas es un alto funcionario del Gobierno de Cantabria. Según informa la Cadena Ser, se trata del jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas. También han sido arrestados su esposa, dos hijos y cuatro personas vinculadas a las empresas investigadas.

Este alto funcionario, considerado la cabeza visible de una presunta trama de cobro de comisiones por la adjudicación de contratos para el mantenimiento y la conservación de las carreteras cántabras, pertenece al Servicio de Mantenimiento de Carreteras y en su domicilio se habrían encontrado 400.000 euros en metálico que habrían sido localizados durante uno de los registros que también se llevaron a cabo este miércoles, según recoge El Diario Cantabria.

En concreto, dentro de esta operación que se inició hace un año por la Agencia Tributaria y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se registraron cinco empresas, dos domicilios particulares y varios despachos del Servicio de Carreteras del edificio de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, de la que es alto funcionario el supuesto cabecilla de esta trama, según ha señalado RNE en Cantabria. 

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, indicó que se trata de una investigación "que llevan muchísimos meses llevándose a cabo".

Entre las empresas implicadas se encontrarían, según la prensa local, la constructora y promotoca Rucecan, a la que se habrían adjudicado contratos menores y tramitados de urgencia según El Diario Cantabria, La Encina y Api Movilidad.

Constructores "quemados"

Según El Diario Montañés, el alto funcionario detenido es un ingeniero de caminos "educado" y "currante" que, sin embargo, tenía a los constructores "quemados". Este periódico local afirma que licenció mientras ya trabajaba para el Gobierno que preside Miguel Ángel Revilla, por lo que cuenta con una larga carrera.

El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, aseguró este miércoles en rueda de prensa que desconocía "absolutamente" a qué se debían los registros que se habían practicado en su departamento y dijo que no le consta "ninguna sospecha ni denuncia" en el servicio de mantenimiento de carreteras. 

"No tenemos absolutamente ni idea", afirmó Gochicoa sobre ese registro que comenzó a las 7.30 horas de este miércoles por parte de agentes de la UDEF y de la Agencia Tributaria y por orden del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander. Según RNE en Cantabria, los detenidos podrían prestar declaración este viernes. 

Faltó al trabajo por "motivos personales"

Gochicoa explicó que el servicio de mantenimiento de carreteras tiene un centenar de trabajadores y 16 millones de euros de presupuesto anuales, que se registraron "dos o tres despachos" de ese departamento y que este miércoles no acudió a trabajar un funcionario que alegó "motivos personales".

El consejero no precisó, a preguntas de los periodistas, quién es ese funcionario, aunque consideró que tendría "un motivo relevante" para no acudir a su puesto de trabajo. Sí ha puntualizado que ese funcionario tiene "una dilatada experiencia" en el servicio de carreteras, en el que "lleva muchos años".

Este asunto se ha conocido una semana después de que el fiasco de los trenes de ancho métrico que iban a conectar Cantabria y Asturias costara la dimisión de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y del presidente de Renfe, Isaías Táboas. En su lugar, el Gobierno nombró a Raül Blanco Díaz y a David Lucas, respectivamente. El servicio no podrá ofrecerse hasta 2026 debido a un error de diseño, pues son demasiado grandes para atravesar los túneles de las vías que conectan ambas comunidades.

Reacciones

Las detenciones y los registros realizados en esta operación anticorrupción han llevado a toda la oposición en el Parlamento de Cantabria a pedir la comparecencia urgente del presidente cántabro, el regionalista Miguel Ángel Revilla, y el propio Gochicoa (PRC) para pedir explicaciones por lo sucedido, ya que para el PP el asunto "huele mal", mientras que Ciudadanos ha afirmado que "todo apesta desde hace mucho tiempo" y Vox ve al jefe del Ejecutivo como el "máximo responsable".

Miguel Ángel Revilla ha confiado en que se esclarezcan las supuestas irregularidades y que "caiga todo el peso de la ley sobre quienes hayan podido cometer un delito" y ha afirmado que como el caso está bajo secreto de sumario, lo único que ha podido hacer el Ejecutivo cántabro es ponerse a disposición de los agentes que están practicando los registros "para darles toda la información que pidan y que se aclare si hay alguna persona que, siendo funcionario público, haya cometido algún tipo de delito". 

El vicepresidente cántabro, el socialista Pablo Zuloaga, ha pedido "cautela" ante los registros en la Consejería de Obras Públicas y ha dicho estar "seguro" de que, "llegado el caso", se asumirán responsabilidades.  

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