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El Gobierno aprueba este martes una ayuda universal de 400 euros a alumnos con discapacidad

Niños en el colegio
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Niños en el colegio

El Consejo de Ministros aprueba este martes una partida de 2.520 millones de euros para becas, que llegarán a un millón de alumnos, y un subsidio universal de 400 euros para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para que las familias puedan hacer frente a la subida de precios. Para crear esta ayuda universal a los estudiantes que sufran algún tipo de discapacidad, el Gobierno destinará 200 millones de euros, que beneficiarán a 250.000 alumnos para contribuir a contar con "un sistema educativo más inclusivo".

Así lo refleja el real decreto por el que se establecen las cuantías de becas y ayudas al estudio para el curso 2023-2024, al que ha tenido acceso Europa Press, que justifica este subsidio universal por el hecho de que las familias con hijos que tienen estas necesidades asumen unos costes adicionales "muy significativos" para atender los requerimientos vitales de sus hijos, lo que, unido a las circunstancias económicas actuales, hace preciso un soporte extraordinario. Este subsidio se sumará a las cuantías que ya figuran en la convocatoria, resultando un incremento adicional de las ayudas.

En concreto, los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo recibirán el próximo curso 400 euros de subsidio universal para gastos adicionales de carácter general, a los que se sumarán:

  • Hasta 862 euros de ayuda de enseñanza.
  • Hasta 617 euros de ayuda de transporte escolar.
  • Hasta 574 euros de ayuda de comedor escolar.
  • Hasta 1.795 euros de ayuda de residencia escolar.
  • Hasta 442 euros de ayuda para transporte de fin de semana.
  • Hasta 308 euros de ayudas para transporte urbano.
  • Hasta 204 euros de ayuda para material escolar.
  • Hasta 913 euros de ayuda para reeducación pedagógica.
  • Hasta 913 euros de ayuda para reeducación del lenguaje.

El objetivo con esta ayuda es garantizar la igualdad en el acceso a la educación y evitar cualquier obstáculo de naturaleza socioeconómica que dificulte o impida el ejercicio de este derecho fundamental. La norma respeta, asimismo, el principio de proporcionalidad, "puesto que no contiene restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios".

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