Es una semana importante para el Tribunal Constitucional, que debatirá, después de casi 13 años, el recurso del Partido Popular contra la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. El recién nombrado presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, lo dejó claro desde el primer día, atajar este recurso es primordial para el nuevo Constitucional. 

No ha tardado un mes en convocar el primer Pleno para debatir la ley, pero sus planes pueden quedar frustrados por las recusaciones presentadas por cinco exdiputados del Partido Popular (entre ellos Federico Trillo) para apartar de la resolución al propio Conde-Pumpido, a Concepción Espejel, y a Juan Carlos Campo y Laura Díez, los dos magistrados nombrados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Espejel ha decidido retirarse voluntariamente -una decisión que el Pleno debe ratificar y podría no hacerlo-, pero sus tres compañeros parecen decididos a permanecer en el debate. Si las recusaciones salen adelante y solo siete togados permanecen en el Pleno, este no tendrá el cuórum necesario para deliberar y el recurso contra la ley del aborto quedaría otra vez bloqueado.

Los once magistrados que componen el tribunal a día de hoy -una de las sillas permanece vacía a la espera de que PSOE y PP acuerden un sustituto para Alfredo Montoya, que dejó el TC tras sufrir un ictus- preparan ya el Pleno. En él se debatirá la ponencia del magistrado conservador Enrique Arnaldo sobre el recurso del Grupo Parlamentario Popular. 

Los cinco exdiputados que han recusado alegan, en relación a Conde-Pumpido, que "era fiscal general del Estado y participó en las deliberaciones del Consejo Fiscal que informó sobre el anteproyecto de la ley orgánica objeto de este recurso y se formó criterio sobre el mismo hasta el punto de firmar un informe alternativo al emitido por el Consejo Fiscal por desacuerdo con éste último".

La petición para retirar a Campo se justifica en que "fue secretario de Estado de Justicia durante los años 2009 a 2011" y, por lo tanto, formaba parte del Gobierno que impulsó la ley. En cuando a Montalbán y Espejel, los populares les recusan porque eran miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el momento en que se tramitó la ley. En consecuencia, alega la recusación, "participaron en la elaboración y votación" del informe que el CGPJ remitió para valorar el proyecto. 

Fuentes del tribunal han informado a Europa Press de que "la corte de garantías aplicará su reiterada doctrina para mantener su jurisdicción evitando la falta de cuórum". Las mencionadas fuentes aseguran que el recurso a la ley del aborto se abordará en el Pleno y que "el sentir mayoritario apuesta por avalarla íntegramente". 

Si el borrador del ponente Enrique Arnaldo no aboga por dejar intacta la ley, el rechazo de la corte podría propiciar un cambio de ponencia, o bien una modificación del borrador de manos del propio Arnaldo. El magistrado conservador le da el visto bueno a la ley de Zapatero, pero no íntegramente. El obstáculo principal reside en el artículo 17, que versa sobre la "información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo". 

Además, la ponencia pone el foco sobre dos cuestiones que estima constitucionales siempre que se interpreten como propone. Se trata del aborto terapéutico, para acotar que el concepto de salud solo se refiere a la salud física o psíquica; y de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, para que abarque a todos los implicados en las actuaciones previas o posteriores a la intervención.

Otro de los asuntos espinosos es el del consentimiento paterno en los casos de las menores de edad. Este fue uno de los preceptos que el PP impugnó en su día, pero el Gobierno de Mariano Rajoy lo derogó, con lo que el recurso carece de sentido a día de hoy. Sin embargo, paralelamente al trabajo de la corte de garantías se tramita en el Senado la nueva ley del aborto, impulsada por el Ministerio de Igualdad, que permitiría de nuevo que las jóvenes de entre 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin el permiso de sus progenitores o tutores. 

La Comisión de Igualdad del Senado incorporó la semana pasada al texto varios artículos para afianzar el respeto a las lenguas cooficiales y a las competencias autonómicas, así como para evitar que las mujeres sean coaccionadas antes de abortar. De este modo, la ley aún tendrá que volver al Congreso para ratificar estos cambios.

Un Constitucional lastrado por las recusaciones

El debate sobre el aborto no es el único que, próximamente, se vaya a ver lastrado por las recusaciones a los magistrados que lo componen. Esta misma semana, el Grupo Parlamentario Popular ha recusado a Juan Carlos Campo y Laura Díez para intentar apartarlos del debate sobre varios recursos clave presentados contra la normativa catalana que esquiva la obligatoriedad del 25% de castellano en las aulas; la ley de la eutanasia; la ley rider; la 'ley Celaá'; ciertos puntos del decreto ley sobre el estado de alarma; el decreto ley prohíbe echar a okupas si no hay violencia; la ley de Presupuestos de 2021 que restableció el impuesto de patrimonio y la reforma legal que limita al CGPJ en funciones.

Al exministro Juan Carlos Campo se le recusa también en el recurso de amparo que presentó el PP contra las enmiendas sobre reforma de las leyes orgánicas del TC y del CGPJ, que se presentaron como parte de la reforma penal para eliminar la sedición y modificar la malversación.

El partido de Alberto Núñez Feijóo hace hincapié en la recusación de la magistrada Laura Díez del recurso a la regulación impulsada por la Generalitat para esquivar la normativa que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. Resalta, en este sentido, que Díez formó parte de la elaboración de dictámenes sobre este asunto cuando formaba parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Díez, de todos modos, ya ha optado por apartarse de este asunto voluntariamente.

El exministro de Justicia (igual que su compañera) ya se ha tenido que apartar del debate sobre ciertos asuntos. Entre ellos está el recurso presentado contra la decisión del Congreso de los Diputados de denegar al diputado popular Alberto Casero que rectificase el voto equivocado que había presentado telemáticamente y fue clave para la aprobación de la reforma laboral.

El exministro también se abstendrá de tomar parte del debate sobre la retirada del escaño de Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos. En ambos casos, Campo entra en conflicto con la votación por mantener una relación con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, responsable última de ambas decisiones. Campo se ha retirado también de los debates sobre los indultos al procés, las fórmulas de acatamiento de la Constitución por parte de los parlamentarios y la ley de 'solo sí es sí', de la que fue coproponente.