El Grupo Parlamentario Popular ha recusado a Juan Carlos Campo y Laura Díez -los dos magistrados que el Gobierno aupó al Tribunal Constitucional- para intentar apartarlos del debate sobre varios recursos clave presentados contra la normativa catalana que esquiva la obligatoriedad del 25% de castellano en las aulas; la ley de la eutanasia; la ley rider; la 'ley Celaá'; ciertos puntos del decreto ley sobre el estado de alarma por la pandemia de coronavirus; el decreto ley prohíbe echar a okupas si no hay violencia; la ley de Presupuestos de 2021 que restableció el impuesto de patrimonio y la reforma legal que limita al CGPJ en funciones. 

Al exministro Juan Carlos Campo se le recusa también en el recurso de amparo que presentó el PP contra las enmiendas sobre reforma de las leyes orgánicas del TC y del CGPJ, que se presentaron como parte de la reforma penal para eliminar la sedición y modificar la malversación. 

Las razones que esgrimen los populares para presentar sus recusaciones están relacionadas con el pasado de los magistrados en la gestión política o por su "amistad íntima o enemistad manifiesta" con cualquiera de las partes.

El partido de Alberto Núñez Feijóo hace hincapié en la recusación de la magistrada Laura Díez del recurso a la regulación impulsada por la Generalitat para esquivar la normativa que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. Resalta, en este sentido, que Díez formó parte de la elaboración de dictámenes sobre este asunto cuando formaba parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Díez, de todos modos, ya ha optado por apartarse de este asunto voluntariamente. 

En cuanto a Campo, el PP detalla en su comunicado que se le recusa concretamente por los acuerdos a los que llegó la Comisión de Justicia del Congreso en diciembre para dar vía libre a la tramitación parlamentaria de la reforma que cambiaba el sistema de elección de magistrados del Constitucional por parte del CGPJ. 

El Constitucional estudiará en febrero y marzo los recursos contra la ley del aborto de 2010, la de eutanasia y la de educación

El exministro de Justicia (igual que su compañera) ya se ha tenido que apartar del debate sobre ciertos asuntos. Entre ellos está el recurso presentado contra la decisión del Congreso de los Diputados de denegar al diputado popular Alberto Casero que rectificase el voto equivocado que había presentado telemáticamente y fue clave para la aprobación de la reforma laboral. 

El exministro también se abstendrá de tomar parte del debate sobre la retirada del escaño de  Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos. En ambos casos, Campo entra en conflicto con la votación por mantener una relación con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, responsable última de ambas decisiones. Campo se ha retirado también de los debates sobre los indultos al procés, las fórmulas de acatamiento de la Constitución por parte de los parlamentarios y la ley de 'solo sí es sí', de la que fue coproponente.